Phoenix (EFE).- El estado de Arizona está dañando su propia economía al aprobar leyes estatales en contra de la inmigración indocumentada, según un informe del Instituto CATO en Washington.
De acuerdo con este reporte, tras la aprobación de la ley estatal de sanciones de empleadores en 2007, los dueños de negocios y empresas han disminuido sus contrataciones y están utilizando una economía “informal” para eliminar documentación al momento de contratar personal.
La ley de sanciones de empleadores obliga a todos los negocios en Arizona a utilizar el programa federal e-verify para verificar el estatus migratorio de sus empleados.
El reporte indicó además que desde que se aprobó la ley estatal SB1070, la primera en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados en EE.UU., se ha “empujado” a muchos indocumentados fuera del estado, disminuyendo la población, lo que ha provocado una aceleración en la caída del precio de las viviendas.
El análisis resalta que el uso del programa federal e-verify es una de las principales razones por las que el empleo en la construcción disminuyó en Arizona a un ritmo más elevado que en estados vecinos que no requieren su uso.
En 2006 el 11.2% del total de la población en Arizona estaba empleada en la construcción, frente a un 22.2% de la comunidad inmigrante.
Cuatro años después, el 8.9% de los habitantes del estado trabajaba en la construcción, mientras que el porcentaje dentro de la comunidad inmigrante era del 15.9%.
El reporte indicó que durante el periodo comprendido entre julio de 2007 y septiembre de 2011, el empleo en la construcción en Arizona tuvo un descenso del 50.2, frente al 36.8 registrado en California y Nuevo México.
El análisis concluyó que este tipo de legislaciones lograron que muchos indocumentados dejaran el estado de Arizona, pero con ellos también se fue parte de su crecimiento económico.