Charlotte, Carolina del Norte (EFE).- La Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Sur solicitó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, la suspensión en ese estado de los programas 287g y Comunidades Seguras.
En carta enviada la semana pasada y dada a conocer este lunes, el capítulo local de la organización civil nacional y diez organizaciones proinmigrantes, urgieron además a Napolitano tomar acción para evitar la “crisis humanitaria” que se desatará ante la posible aplicación de la previsión de la ley SB20 que permite a los agentes cuestionar el estatus migratorio de los detenidos.
La ley estipula la creación de una unidad especial para arrestar a inmigrantes que sean sospechosos de no tener papeles.
Un juez federal mantiene bloqueada esa cláusula a pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia del pasado mes de mayo y el caso ahora es analizado en la Corte de Apelación del Cuarto Distrito en Richmond, Virginia.
Los grupos argumentan que esos programas de deportación y las sociedades entre agentes federales de inmigración y policías locales motivan el perfil racial contra los inmigrantes y desaniman a las víctimas a denunciar los crímenes.
Según Vitoria Middleton, directora ejecutiva de ACLU en Carolina del Sur, los ciudadanos y los indocumentados del estado “ahora tienen razones para preocuparse de que serán víctimas de persecuciones por la manera que lucen o hablan”.
“La comunidad vive en constante miedo y tememos la posible criminalización de inmigrantes y encarcelación masiva de personas inocentes por la SB20. Solicitamos, Napolitano, que tome acción para evitar la separación de familias “, apuntó la misiva.