A la matanza que tuvo lugar en Aurora han seguido, como ocurre siempre en estas tragedias, los discursos políticos sobre la necesidad de implementar medidas para impedir que la violencia sin sentido vuelva a enlutar al país. Pero, hasta ahora, ni Obama ni Romney se han atrevido a mencionar lo que debería ser una herramienta fundamental para lograrlo: el cambio a las leyes que rigen la venta y posesión de armas.
Antes de llegar a la presidencia, Obama se había pronunciado por extender la prohibición para la venta de armas de asalto, una promesa que, por lo que se ve, no tiene intenciones de cumplir. Luego de visitar y reconfortar a las víctimas de la masacre, dijo que su gobierno buscará un arreglo para que no se repita este tipo de atrocidades. Pero eludió a toda costa polemizar sobre las leyes que permitieron que James Holmes adquiriera un arsenal propio de las fuerzas especiales para matar a 12 personas y herir a 58 durante una función de cine.
Poco antes, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney había aclarado que el presidente considera que se necesitan tomar medidas para mantener las armas lejos del alcance de personas que no deberían tenerlas, pero dentro de las leyes existentes. Más claro, ni el agua.
Romney, por su parte, ha subrayado que es un ferviente defensor del derecho a poseer y portar armas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.
Este derecho, que a muchos nos cuesta trabajo entender, es sagrado porque forma parte inherente de la cultura estadounidense. Aunque fue promulgado en 1791 para que el pueblo pudiera defenderse de invasores extranjeros, así como de maleantes y asesinos, se mantiene tan vigente como en ese entonces porque los millones que lo defienden creen que la fuerza y seguridad de los ciudadanos reside justamente en las armas. Para ellos, una sociedad desarmada equivale a una sociedad débil que está a expensas no sólo de los malhechores sino de los dictadores y tiranos en el gobierno. Esta misma filosofía es la que inspira gran parte de la política exterior de este país.
Por esta razón, de nada valdrán las voces que pidan un cambio en las leyes para imponer más controles a las armas. No importa, como dijo hace unos días el presidente de México, Felipe Calderón, que esta legislación “nos dañe a todos”, al referirse a la violencia que aqueja a su país por el imparable tráfico de armas que beneficia a los narcotraficantes.
La cultura armamentista, por desgracia, está profundamente arraigada en la psique de este país. Y prueba de ello es que, a raíz de la masacre de Aurora, en Colorado repuntó la venta de armas en un 43%. Algunos de los compradores dicen que necesitan de ellas para protegerse de un posible tiroteo, otros porque temen que Obama pudiera imponer controles para su adquisición.
Hasta ahora, sin embargo, estos temores no tienen fundamento. Es un año electoral y los demócratas saben que una decisión de este calibre podría costarles muchos votos.
**María Luisa Arredondo es fundadora y directora general de Latinocalifornia.com