Los Ángeles, Ca.- Pablo Alvarado, líder de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), expresó que en el condado de Los Ángeles se deportan a más personas que en la misma Maricopa, condado en Arizona, considerado el estado más antinmigrante del país.
Según Alvarado, el programa de Comunidades Seguras se inició en Los Ángeles porque las autoridades sabían que si trabajaba en L.A., entonces trabajaría en todo el país, pero eso ha convertido a la segunda ciudad más grande del país, en la capital de las deportaciones.
Datos de la Red Nacional de Jornaleros, el 40% de las personas deportadas a través del programa de Comunidades, y el 15% del total de las deportaciones de todo el país son de Los Ángeles.
Alvarado indicó que hasta el momento y a través del programa de Comunidades Seguras se han deportado a 17,000 inmigrantes en Maricopa, contra 23 mil en Los Ángeles.
“Queremos pedirle que deje de ser utilizado por las autoridades federales y se convierta en un ejemplo para toda la nación, dejando de participar en el programa de Comunidades Seguras”, agregó Alvarado.
Por otro lado, la abogada Jennie Pasquarella de la Unión Americana de los Derechos Civiles (ACLU) indicó que con el programa de Comunidades Seguras, se está incrementando la corrupción en el sistema carcelario, al mismo tiempo que se abusa de los derechos de cientos de inmigrantes que tienen que esperar que los recoja el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aun cuando no han cometido delitos serios.
En una protesta realizada recientemente frente a la cárcel del centro de Los Ángeles, la abogada enfatizó que por lo menos hay 2,100 personas en espera o en proceso de deportación, convirtiendo la cárcel en un centro de detención migratorio.
“Lo que está pasando es que se están cometiendo muchas injusticias con gente que no tiene antecedentes penales, y por tener una alerta de inmigración para ser detenido, entonces pierde su derecho a fianza y termina encarcelada por semanas o hasta meses”, agregó Pasquarella.
Ese fue el caso del director de cine inglés, Duncan Roy, quien recientemente estuvo encarcelado por 3 meses, aunque tenía dos abogados trabajando en su caso, pero como inmigración había solicitado su detención, el director sólo pudo salir cuando se enteraron que padecía de cáncer.
Lo mismo sucedió con Isaura García, víctima de violencia doméstica y quien estuvo a punto de ser deportada y separada de su hijo por tener un aviso de detención de inmigración, a pesar de no tener antecedentes penales.
Según la joven de 21 años, ella había marcado el 911 para solicitar ayuda a la policía del abuso que estaba viviendo con su novio, sin embargo, al final, las autoridades terminaron llevándosela a ella y fue ahí donde empeoró su situación.
Suzanne Foster del Centro de Oportunidades Económicas de Pomona (PEOC), un centro de jornaleros, dijo que en dicho condado, las autoridades constantemente se llevan a los trabajadores por solicitar trabajo en la vía pública o por traspasar la propiedad de un negocio (Home Depot).
“Generalmente las corporaciones nunca hacen cargos o dan seguimiento a ese tipo de acusaciones, no obstante, los trabajadores terminan encarcelados y hasta deportados por faltas mínimas que se supone el programa de Comunidades Seguras no considera para deportar a las personas”, expresó Foster.
De acuerdo a los activistas, el Acta de la Confianza, medida que está a punto de convertirse en ley en California, sería la forma de evitar que más injusticias se sigan cometiendo en el sistema carcelario de Los Ángeles.
De ser firmada por el gobernador Brown, La Acta de la Confianza impedirá que las personas que no tengan delitos mayores sean detenidas por las autoridades locales, aunque inmigración lo haya solicitado.
El Sheriff Lee Baca, ha manifestado constantemente que él está en contra del programa de Comunidades Seguras, e incluso, enfatiza que ellos no deportan a los detenidos, simplemente los detienen hasta que inmigración se los lleva.
Sin embargo, el departamento del Sheriff, encabezado por Baca, es la organización del orden que más ha cooperado con las autoridades de inmigración para deportar a más personas que cualquier otro condado en el país.
De acuerdo a Virginia Kice, vocera del ICE, los departamentos locales no están obligados a reportar o compartir la información con el gobierno federal de las personas que cometen los delitos menores, sin embargo, Los Ángeles si los comparte.
Kice agregó que una vez sometidas las huellas digitales del arrestado, éstas se comparten con el FBI y el gobierno federal para saber el historial delictivo de la persona, incluyendo las ocasiones que han sido detenidos en las fronteras, y considerando varios aspectos, ellos determinan la estancia del individuo o no en el país.
De acuerdo a las oficinas de ICE, un individuo no debe de ser detenido por las autoridades locales, en espera de inmigración por más de 48 horas.
Kice agregó que desde el 2009, año en que surgió Comunidades Seguras, el 71% de personas deportadas eran criminales con delitos mayores, y el otro 29% eran inmigrantes que habían violado el sistema migratorio, incluyendo personas que habían sido sacados del país previamente.