El Supremo mantiene parte de la ley SB1070 de Arizona

El Tribunal Supremo sostuvo la cláusula que permite verficar el estatus migratorio de personas detenidas por la policía.

Washington, 25 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló hoy la mayoría de las cláusulas de la polémica ley SB1070 de Arizona, que convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese estado.
En su dictamen de 76 páginas, el Tribunal Supremo reafirmó, no obstante, parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones.

La decisión supone una victoria política para el Gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración.

En su dictamen, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero reafirmaron, otras.

Así, las autoridades estatales de Arizona podrán continuar aplicando la cláusula que les permite verificar el estatus migratorio de personas que detenga por otras infracciones, algo que, según los activistas pro-inmigrantes dará licencia a la discriminación racial en el estado.

La ley SB1070 de Arizona había sido promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 con la férrea oposición de grupos pro-inmigrantes.

El dictamen, según analistas, tendrá amplias repercusiones electorales, además de que afectará el futuro rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la inmigración ilegal.

El Tribunal Supremo tenía ante sí varios escenarios posibles: anular sólo aquellas secciones que suponían una intrusión en la autonomía del Gobierno federal; dejarlas en pie en aras del reforzamiento de la seguridad pública, o anular unas y validar otras.

El fallo del Tribunal Supremo se produjo después de que el pasado 15 de junio, la Administración Obama decidiera suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a EE.UU. cuando eran menores.

El debate sobre qué hacer con los aproximadamente once millones de indocumentados que se calcula viven en EE.UU. ha llegado hasta la contienda electoral, en unos momentos en que los votantes hispanos se perfilan como un bloque definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado.

El caso de la SB1070 llegó ante el Tribunal Supremo porque la gobernadora Brewer impugnó la decisión de otros tribunales de bloquear las partes más polémicas de la ley estatal.

Esas jurisdicciones inferiores coincidieron con el Departamento de Justicia en que esas partes de la ley usurpaban los poderes del Gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración.

REACCIÓN DE BREWER

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, calificó hoy como una “victoria” que los jueces del Tribunal Supremo de Justicia mantuvieran “el corazón” de la SB1070, e informó de que las agencias del orden están preparadas para cuestionar el estatus migratorio de los detenidos.

“La decisión de hoy es una victoria para la ley. También es una victoria para la Décima Enmienda y para todos aquellos americanos que creen que el derecho heredado y la responsabilidad de los estados en defender a sus ciudadanos”, dijo Brewer en un comunicado de prensa emitido minutos después de ser anunciada la decisión del Supremo.

“Después de más de dos años de pelea legal, el corazón de la SB1070 puede ser ahora implementado de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos”, enfatizó la gobernadora republicana.

Complacida por esta victoria legal, aseguró que ésta es también una oportunidad para enfocarse en el verdadero reto que viene: la implementación y la aplicación de la ley de una manera que refleje los altos ideales de los ciudadanos estadounidenses.

“Sé que el estado de Arizona y sus agentes del orden podrán cumplir con esta tarea. El caso de SB1070 siempre ha sido el apoyar a la ley, esto significa cualquier ley, incluyendo aquellas en contra de la inmigración indocumentada y el perfil racial”, enfatizó Brewer.

La gobernadora aseguró que habrá consecuencias en contra de cualquier agencia estatal que haga mal uso de esta regulación y viole los derechos civiles de una persona.

CHIRLA LAMENTA LA DECISIÓN

Sobre el fallo, Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA,  señaló lo siguiente:

“El fallo de hoy marca un día negro para la justicia en la historia de Estados Unidos.  Con un solo manotazo, el Tribunal Supremo ha coincidido con Arizona y establecido que el perfilamiento racial es una herramienta aceptable para el uso de las fuerzas del orden.

La historia de este país está salpicada con injusticias posibles porque las cortes judiciales ignoraron doctrinas discriminatorias, divisivas, y canallas.  La codificación de la segregación racial, exclusión de mujeres al voto, exterminio de indígenas estadounidenses, encierro de minorías étnicas, y exilio de trabajadores del campo, sólo por mencionar algunas, ha sido posible porque las cortes lo permitieron sin ningún remordimiento.  Sin ir muy lejos:  casi en la misma semana cuando el Congreso finalmente pidiera disculpas por aprobar la Ley de Exclusión de Chinos de 1882 la  cual consagró en los estatutos de ley la discriminación basándose en la etnia y nacionalidad de una persona, el tribunal supremo deshonrosamente vira hacia un abismo similar.

Pero la historia de esta nación también incluye momentos cuando la gente de bien se levanta y exige el cambio, logrando que este país sea mucho más grande por ello.  Ahora, le toca a la comunidad inmigrantes y a sus aliados hacer historia y lograr el cambio.  Que no quepa ninguna duda.  Así como la semilla de la desigualdad y discrimen engendra pasiones ciegas; nuestro derecho a proteger nuestras libertades civiles más elementales engendra conciencia y movilizaciones masivas a las urnas.  Ningún cuerpo legislativo debe asumir que el fallo de hoy es permanente.  Nosotros estamos en el lado correcto de la historia y ganarnos el respeto, dignidad, y trato ecuánime bajo la ley es cuestión de “cuándo” no de “acaso”.

Estados como California pueden liderar en momentos como estos remando contra corriente y erigiendo “paredes de auxilio” como la propuesta de ley TRUST Act (AB1081) que impediría que el programa Comunidades Seguras se implemente impunemente en el estado.  Por otra parte la Casa Blanca puede: a) enviar expertos en derechos civiles a Arizona y Alabama y rigurosamente hacer valer las leyes que nos protegen de abusos; b) cumplir con la promesa de aplicar discreción fiscal de manera consistente, duradera, y justa para que nuestras familias no sean cruelmente separadas; c) eliminar el programa “Comunidades Seguras” ya que da paso al perfilamiento racial y confunde las prioridades de la policía local; y, d) colaborar de forma insistente con el Congreso para que se proteja permanentemente a los jóvenes Dreamers y a las familias inmigrantes que tanto contribuyen a esta gran nación”.

 

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