Aprueban una resolución de censura contra Eric Holder

Eric Holder, procurador de Justicia de Estados Unidos.

Washington, 28 jun (EFE).- La Cámara de Representantes aprobó hoy una histórica resolución de censura, por desacato, contra el procurador de Justicia, Eric Holder, por negarse a entregar documentos sobre la fallida operación “Rápido y Furioso”, que permitió el traspaso de armas a México en 2009.
En una votación por 257 a 67, la Cámara Baja aprobó la primera medida de desacato contra un Secretario de Justicia en activo en más de 200 años de historia de EE.UU.
El voto abre la puerta a una posible batalla legal después de que la Casa Blanca invocara su privilegio ejecutivo para no entregar los documentos.
Antes del voto definitivo de la medida, los legisladores debatieron y rechazaron una moción del legislador demócrata de Michigan, John Dingell, que pretendía devolver el asunto al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja para que investigue a fondo y sin motivaciones políticas la fallida operación.
Buena parte de los demócratas abandonaron la sala después del fracaso de la moción de Dingell, como habían prometido, para boicotear el voto de desacato.
Durante el debate de la resolución, la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se hizo eco de las quejas del Gobierno de que los republicanos la llevaron al pleno por motivaciones políticas.
“Durante más de 200 días, intentamos resolver la situación y cuando no pudimos, se trajo al pleno (de la Cámara Baja) para acuchillar a la gente en la Casa Blanca”, afirmó Pelosi, quien fue aplaudida por su bancada.
Según Pelosi, los republicanos buscan mancillar la imagen de Holder pese a que saben que los documentos ya entregados al Congreso lo “exculpan” de la fallida operación.
Pero el legislador republicano de Utah, Jason Caffretz, replicó que no es nada personal contra Holder, sino un asunto de “justicia” para llegar al fondo de la verdad y eso solo se consigue “con los hechos, todos los hechos”.
“Emitimos una citación judicial a la que no se ha respondido” para recibir más documentos sobre la operación, se quejó.
La resolución de desacato ya había sido aprobada el pasado 20 de junio por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja, presidido por el republicano Darrell Issa, en una votación 23 a 17.
El Comité exige documentos relacionados con la operación “Rápido y Furioso”, en particular los posteriores al 4 de febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia negó inicialmente la existencia de la operación y que luego corrigió en diciembre de ese año.
La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.
Pero los agentes de ATF, que depende del Departamento de Justicia, le perdieron el rastro a esas armas, que fueron a parar a manos criminales. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.
Dos de ellas, dos rifles de asalto AK-47, aparecieron en la escena del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, el 15 de diciembre de 2010.
Su nombre fue invocado en varias ocasiones por los republicanos, que acusan al Departamento de Justicia de “encubrimiento” y exigen una rendición de cuentas.

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