Madrid (EFE).- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado a la reivindicación de los informadores mexicanos para lograr leyes integrales que les protejan.
La petición de una Ley Integral para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México se ha planteado tras los recientes asesinatos de los fotógrafos de prensa Gabriel Huge, Guillermo Luna y Regina Martínez en el estado de Veracruz.
“Cabe recordar que la República Mexicana se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, tal y como ponen de manifiesto los datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México”, ha destacado la FAPE en un comunicado.
Según la CNDH, desde 2005 hasta la actualidad se han registrado 79 homicidios y 14 desapariciones de comunicadores, además de 26 atentados a instalaciones de medios de comunicación en el país.
La FAPE apoya la petición hecha por el secretario de Acción Social de la Federación Nacional de Asociaciones de Periodistas y Editores de México (FENAPEM), Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, a todos los congresos locales del país para que impulsen y aprueben la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Esa norma, según el comunicado de los periodistas españoles, seguiría la pauta de la aprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La FAPE ha coincidido con Ramos Gutiérrez en la necesidad de que se trate de “una Ley Integral”, que incluya no solo “medidas urgentes de prevención y protección” de informadores, sino que también considere “la comunicación como un derecho humano fundamental”.
Asimismo, la norma debe incluir el acceso a un salario justo, una vivienda, servicios de salud dignos, capacitación constante y seguro de vida para los informadores y sus familias.
La FAPE ha considerado también que las leyes estatales mexicanas “deben sancionar más severamente a los funcionarios que utilicen, sustraigan, oculten, alteren o aprovechen información que ponga en riesgo o cause daño a la persona defensora de derechos humanos y a los periodistas”.
Las federaciones de asociaciones de periodistas de los dos países han exigido, asimismo, a las autoridades mexicanas que esclarezcan los recientes crímenes de informadores y eviten que queden impunes, “puesto que el gobierno federal y los estados deben garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y detener la oleada de asesinatos en ese país”, continúa el comunicado.
“Cuando asesinan a un periodista o defensor de derechos humanos, también es ejecutada la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia”, agrega.