Nueva York (EFE).- Las inmigrantes dedicadas a labores agrícolas en Estados Unidos se encuentran indefensas ante los abusos sexuales de los que son víctimas en su lugar de trabajo, como el caso de una joven mexicana sin papeles que fue deportada a su país cuando denunció que un compañero la había violado.
“Emigré en busca de un futuro mejor, pero, al llegar, me llevé una gran decepción, porque las trabajadoras no tienen los mismos derechos y beneficios que los hombres, y si te acosan sexualmente, ni el patrón ni la policía te ayudan”, denunció esta jornalera que pide no revelar su identidad por temor a represalias.
La mujer lleva siendo víctima de abusos sexuales en el contexto laboral desde que llegó en 1996 al estado de Nueva York, donde se dedica al cultivo de diferentes vegetales y frutas, y su caso es uno de los 50 que recoge la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado en Nueva York.
El estudio, titulado Cultivando el miedo: la vulnerabilidad de las inmigrantes agricultoras ante la violencia y el acoso sexual en EE.UU., recoge los abusos sufridos por medio centenar de trabajadoras del campo indocumentadas en los estados de California, Carolina del Norte y Nueva York.
A lo largo de casi un centenar de páginas, el informe detalla desde violaciones, acosos y tocamientos no deseados, hasta casos de exhibicionismo y el uso de lenguaje obsceno por parte de supervisores, patrones, compañeros de trabajo y otras personas con posiciones de poder.
En 2006, la joven fue violada por un compañero y aunque denunció el caso a la policía y le dijeron que lo arrestarían, “nunca lo hicieron y, en cambio, cruzaron mis datos con inmigración y, como no tengo papeles, me deportaron sin importarles que tuviera tres hijos, uno de ellos un bebé, y que tuviera que dejarlos en EE.UU.”, explicó.
“Pero decidí regresar, porque no podía dejar a mis hijos atrás, así que tuve que volver a cruzar la frontera, en una travesía de cuatro días por el desierto por la que tuve que pagar 4,000 dólares”, recordó.
De regreso en EE.UU., esta mexicana volvió a pedir trabajo a su antiguo patrón porque la que persona que le había violado había abandonado la empresa y pensó que “las cosas cambiarían a partir de entonces”, aunque poco tiempo después otro compañero comenzó a acosarla verbalmente y a enviarles mensajes.
“El patrón le dijo que fuera sólo de palabra y no me tocara, que no pasaba nada. Llegué a hablar con la esposa de este hombre, y me dijo que eso me ocurría porque era una coqueta, que me río mucho al hablar, que eso es buscar a los hombres, que yo era la culpable, y me sentí muy mal”, aseguró.
Según ella, no confía en nadie, ya que ni su propio marido la entiende, y le recomienda que hable menos con las personas, “pero yo no uso falda cortita ni nada”, subrayó, para añadir que ella y su esposo han pensado en mudarse a otro estado, pero que tienen “miedo por las leyes de inmigración”.
“Voy a seguir soportándolo porque donde vivo la policía se enfoca sólo en perseguir a los ilegales, y conozco a muchas otras mujeres que prefieren callar, después de ver lo que me pasó a mí cuando denuncié”, aseveró la mujer, que sigue sufriendo en silencio “porque las leyes no van a cambiar para acabar con esta injusticia”.
El informe de HRW denuncia que cientos de miles de mujeres y niñas inmigrantes que trabajan en el campo en Estados Unidos corren un “alto riesgo” de acabar siendo víctimas de violencia sexual o casos de acoso en sus puestos de trabajo porque las autoridades no las protegen.
“En vez de ser valoradas por sus contribuciones en la producción de alimentos, son víctimas de unas leyes laborales que las excluye de las protecciones básicas que la mayoría de los trabajadores dan por supuestas”, afirmó la autora del informe, Grace Meng.
El estudio, de 95 páginas, pone en evidencia que los responsables del acoso son conscientes del poder que tienen sobre sus víctimas, ya que el 50% de la mano de obra que trabaja en el campo en EE.UU. es de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, ese calvario no es exclusivo de las inmigrantes indocumentadas, ya que las que cuentan con permisos de trabajo también son vulnerables porque dependen de sus empleadores para conservar su estatus legal.
Por otro lado, las pocas que se atreven a denunciar se enfrentan a procesos largos y difíciles a los que, en ocasiones, les resulta imposible acceder, debido a sus escasos recursos económicos o a sus limitados conocimientos de inglés.
“Cada día que el Congreso estadounidense retrasa la promulgación de una reforma referente a la inmigración, expone a más agricultoras al peligro de los abusos sexuales”, concluyó Meng.