Atlanta (EFE).- El Tribunal de Apelaciones del Distrito 11 en Atlanta escuchó argumentos a favor y en contra de las leyes de inmigración de Georgia y Alabama, y decidió que esperará hasta que la Corte Suprema emita su decisión sobre la SB1070 de Arizona para emitir su fallo.
Decenas de activistas se apostaron frente al tribunal federal para manifestarse contra la HB87 de Georgia y la HB56 de Alabama, consideradas entre las leyes migratorias más duras a nivel nacional.
Abogados de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), Southern Poverty Law Center (SPLC), National Immigration Law Center y otras organizaciones estuvieron presentes en la audiencia para exponer sus argumentos en contra de las leyes de Alabama y Georgia, al igual que representantes estatales para defenderlas.
El Tribunal de Apelaciones del Distrito 11 incluye a los jueces Charles Wilson, designado por el expresidente Bill Clinton; la jueza Beverly Martin, designada por el presidente Barack Obama, y el juez visitante Richard Voorhees, designado por el expresidente Ronald Reagan.
Las leyes de inmigración en Estados Unidos son jurisdicción del gobierno federal, pero en años recientes varios estados han aprobado medidas que convierten en delito la presencia en su territorio de inmigrantes indocumentados.
Las preguntas que se hicieron hoy los juece dieron a los abogados que representaban a los estados una noción de cuáles son las partes de las leyes que los magistrados encontraban más cuestionables.
El estado de Alabama y el gobierno federal, junto con grupos que representan a los inmigrantes tuvieron 30 minutos para la presentación de sus argumentos orales y para responder a las preguntas de los magistrados.
La jueza Sharone Lovelace Blackburn, del Distrito Federal del Norte de Alabama, dictaminó el otoño pasado que el estado podía aplicar la mayor parte de la ley, incluida la verificación del estatus de inmigración de los estudiantes en las escuelas.
El Tribunal de Apelaciones vetó temporalmente la aplicación de la ley y el Estado pidió hoy que se levantara ese veto.
Alabama también pidió que el Tribunal de Apelaciones permita la aplicación de las partes de la ley que la juez Blackburn vetó, como la disposición que prohíbe que los inmigrantes indocumentados se matriculen en colegios públicos, o la prohibición del contrato de jornaleros para trabajos privados.
Por su parte, los adversarios de esta legislación de Alabama pidieron que el Tribunal de Apelaciones impida la aplicación de los apartados de la ley que ya entraron en vigor, incluida la estipulación que requiere que las personas porten, en todo momento, documentos que prueben su ciudadanía.
Otra parte de la ley que los adversarios de Alabama en este caso quieren que se cancele es el requisito de que los policías verifiquen la ciudadanía de una persona detenida por una infracción de tránsito si el agente tiene una “sospecha razonable” de que ese individuo está ilegalmente en el país.
Igualmente un juez federal en junio pasado vetó partes de la ley de Georgia, incluida la que autorizaba a la policía a verificar la situación de inmigración de los sospechosos que no cuenten con documentación apropiada.
Otra norma de la ley de Georgia, que ha quedado en suspenso, estipula penas para las personas que a sabiendas y voluntariamente transporten o den albergue a inmigrantes indocumentados que hayan cometido otro crimen.