México, D.F. (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció que la desaparición forzada ha vuelto a ser “un patrón recurrente en el actual contexto de violencia” en México, debido a que, a su juicio, hay una “inacción oficial” ante esos delitos.
Como apoyo a su denuncia, la ONG alude a un reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU que resalta las “terribles dimensiones de esta grave violación a los derechos humanos en México”.
“La negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión u omisión así como colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país”, afirmó.
La organización defensora de los derechos humanos deploró en su declaración que México carezca aún de “un marco legal conforme con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada”.
Ello es “un fuerte indicador de la inacción oficial ante estas graves violaciones de derechos humanos y la falta de una política integral” en la materia, aseveró.
Amnistía indicó que “miles de personas” han denunciado desapariciones y estos casos “no han sido investigados de forma debida”.
Además, señaló que existe un “trato negligente y discriminatorio” hacia “familiares que acuden a las autoridades” para denunciar los casos, muchos de los cuales no son investigados con el argumento de que se puede tratar de “secuestros cometidos por grupos del crimen organizado”.
El Grupo de Trabajo de la ONU no ignora el papel de las organizaciones delictivas, “pero recalca que la obligación de las autoridades es primero investigar y localizar a las víctimas para poder identificar a todos los responsables y determinar si es una desaparición forzada”, agregó.
AI valoró como positivas las recientes noticias sobre la iniciativa para establecer una base de datos que registre los casos de desapariciones en el país.
“Sin embargo, el Estado mexicano no podrá felicitarse por esta iniciativa hasta que no haya dado lugar a un mecanismo eficaz y accesible para las familias, que permita la realización de investigaciones completas e imparciales”, apuntó.
Finalmente, la ONG pidió al gobierno de México “especificar las medidas que tomará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo”.
El pasado 30 de septiembre la relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a través de su titular, el jurista colombiano Rodrigo Escobar Gil, que el delito de desaparición forzada era “el fenómeno que más preocupa” al organismo.
Entonces el relator recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había registrado “más de 5,000 denuncias de personas desaparecidas” en este país, a las que había que sumar un “alto número” de casos sin denunciar.