Llevan a la ONU primer caso por tortura contra México

María Isabel Martínez (izq.) y Martha Alicia Vázquez Jiménez, madres de Ramiro Rodríguez y Ramiro López Vásquez, dos de los cuatro mexicanos arrestados en Baja California en junio de 2009. Foto: EFE

México, D.F. (EFE).- Tres organizaciones no gubernamentales (ONG) anunciaron la interposición ante el Comité contra la Tortura de la ONU de un caso por presunta detención ilegal y tortura en instalaciones militares de cuatro mexicanos arrestados el estado de Baja California, noroeste del país, en junio de 2009.

“Es el primer caso particular contra el Estado mexicano que se presenta ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura”, dijo en rueda de prensa la coordinadora de Defensa de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Andrea Meraz.

Los hechos del litigio ocurrieron el 16 de junio de 2009, cuando fueron arrestados por militares encapuchados en Tijuana y Rosarito, en el estado de Baja California, noroeste del país, cuatro personas en dos acciones distintas.

Según las ONG, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arrestó sin orden judicial alguna, torturó y mantuvo aislados a los cuatro en viviendas particulares antes de llevarlos, 96 horas después de los hechos, a dependencias militares y presentar cargos contra ellos por presunta delincuencia organizada.

Los imputados son los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, una persona que estaba con ellos en Tijuana, Orlando Santaolaya, y otra que fue arrestada en Rosarito, identificada como Ramiro López Vásquez.

La denuncia fue presentada en Ginebra, Suiza, y debe aún ser formalmente admitida por el comité. Si ello ocurre, será comunicada al Estado mexicano para que conteste a las alegaciones y analizada a fondo para determinar si se violaron los derechos de los cuatro involucrados.

En 1984 México ratificó la Convención contra la Tortura de la ONU y en 2002 reconoció la competencia del Comité contra la Tortura “para recibir y considerar comunicaciones de parte de personas que aleguen haber sido víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“Sin embargo, hasta la fecha no se había utilizado ese mecanismo en un caso contra México”, señaló Meraz.

La activista sostiene que trasladar el caso ante instancias internacionales es consecuencia de que ni la justicia civil mexicana ni la militar, ante la que familiares de los imputados presentaron sendas denuncias por tortura, han estimado los abusos.

El único organismo que los ha reconocido es la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), que prepara por ello una recomendación contra el Ejército mexicano, según las ONG.

“Consideramos que el caso se ajusta a un patrón sistemático de violaciones en el que, en el caso de Tijuana, la seguridad [pública] ha pasado a manos de militares que han actuado con completa arbitrariedad”, dijo en la rueda de prensa el abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Octavio Amezcua.

Agregó que en el caso en cuestión se han detectado “fallos en la justicia mexicana, que auspicia este tipo de actos [torturas] y permite que se mantengan en la total impunidad, manteniendo el fuero militar [para casos de abusos a derechos humanos] y criterios de valoración de pruebas” inadecuados.

En la rueda de prensa participaron además María Isabel Reyna Martínez, madre de dos de los arrestados, los hermanos Ramírez Martínez, y Martha Alicia Vázquez Jiménez, madre a su vez de Ramiro López Vázquez, quienes confiaron en que la justicia internacional ayude a probar la inocencia de sus hijos.

Ambas mujeres se mostraron esperanzadas en una pronta resolución del litigio en favor de los cuatro reos, que podría tardar “unos dos o tres años”, según la OMCT.

Hasta el momento esta ONG ha presentado casos por torturas contra Túnez, Grecia, Sri Lanka o Camerún, entre otros países, en los que tuvo “resultados favorables”, según su portavoz.

Además de la OMCT y de la CMDPDH, impulsa el caso la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CMDHN).

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