Imposibilidad de pagar fianza mantiene a reos en cárceles

 

Portada del estudio 'Reajuste a la seguridad pública', de ACLU. Foto: EFE

San Diego (EFE).- El 71% de los 71,000 reos en cárceles de condados de California en espera de juicio se encuentra detenido por no poder pagar fianza, pese a que no presenta riesgo a la seguridad pública, según un reporte de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).

En el estudio Reajuste a la seguridad pública: California en una encrucijada se afirma que los hispanos representan casi el 40% de dicho reos.

“El tratamiento desigual en el sistema de justicia criminal, especialmente en aplicación de leyes contra las drogas, es una de las principales causas de desigualdad en nuestra sociedad”, particularmente entre afroamericanos e hispanos, de acuerdo con el reporte.

Al menos 32 de los 58 condados californianos, indicó ACLU, tienen planes para expandir la capacidad de cárceles, pese a que esta no es una opción “necesaria para proteger la seguridad pública o hacer que individuos sean responsables de su conducta criminal”.

En contraste, ACLU consideró que volver efectivos los planes estatales de reajuste de reos sería una opción más efectiva y de menor costo para resolver los problemas de superpoblación penitenciaria.

La ley de reajuste transfiere la responsabilidad de personas que cometieron delitos calificados como no serios o violentos para que cumplan sus sentencias en cárceles de condados en lugar de prisiones estatales.

El programa de reajuste de seguridad en California fue aprobado con base en una ley que entró en efecto el 1 de octubre pasado para reducir el masivo déficit presupuestario del estado.

Se espera que también permita al estado cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia para reducir su población penitenciaria en 33,000 personas en dos años.

ACLU notó que California cuenta con una tasa de reincidencia de 67.5%, una de las mayores en la nación pese a sus altas tasas de encarcelamiento, por lo que consideró que no es efectivo continuar con el crecimiento de prisiones y que debe haber más esfuerzos hacia la reducción de reos.

Otras recomendaciones son mantener un estándar para la recolección de información en los 58 condados del estado a fin de facilitar a legisladores determinar que políticas y programas funcionan para reducir la reincidencia.

Además, pide reformas a las sentencias para que algunos crímenes no violentos, como la posesión de drogas, se conviertan en delitos menores en lugar de mayores, además de cambios a las leyes de detención previa al juicio para que solo aquellos que representan un riesgo a la seguridad pública estén tras las rejas.

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