San Diego (California), 23 ene (EFE).- La Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) en San Diego aplaudió hoy una decisión judicial que reconoce el derecho a una audiencia justa y protección contra detenciones injustificadas de inmigrantes detenidos en la frontera.
Este grupo de inmigrantes, conocidos como “extranjeros recién llegados”, es extenso e incluye a todas aquellas personas detenidas en la frontera, incluso quienes buscan asilo, de acuerdo con ACLU.
“Bajo el fallo de la corte, quienes piden asilo que huyen de persecución y tortura en sus países de origen pueden finalmente recibir una audiencia justa para determinar si su detención sirve algún propósito. Ha sido demasiado tiempo que el gobierno ha podido reservarse esta protección mínima para aquellos que la necesitan más”, dijo a Efe Sean Riordan, abogado de la ACLU San Diego.
La fallo de la corte de distrito sur de California prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende Inmigración, detener a un inmigrante por tiempo prolongado sin probar que la detención está justificada en una audiencia personalizada.
El caso se inició cuando ACLU presentó una petición de habeas corpus a favor del salvadoreño Glorismel Centeno Ortiz en agosto de 2011, luego de que éste hubiese pasado detenido tres años sin una audiencia, justificando esa decisión al clasificarlo como “extranjero recién llegado”, categoría aplicada incluso a individuos que han vivido en EE.UU. por décadas pero sin estatus legal.
Centeno, quien busca asilo y ha vivido en EE.UU. desde que tenía 11 años, fue puesto en libertad poco después de la petición de habeas corpus, tras de lo cual el gobierno alegó en cortes la invalidez de esa petición.
Sin embargo, el fallo de la juez Irma González rechazó la postura del gobierno de que aquellos extranjeros que recién arriban pueden ser detenidos sin una audiencia personalizada.
Centeno llegó a Los Ángeles con su madre, quien huía de la violencia de la guerra civil salvadoreña, en la cual su hermano fue asesinado por las guerrillas, indicó la ACLU.
Cuando era adolescente, Centeno se vio involucrado con pandillas y fue deportado a El Salvador pese a que su petición de asilo estaba pendiente, tras lo cual regresó a EE.UU. temiendo por su vida, y una vez en Los Ángeles comenzó a trabajar para ayudar a jóvenes a que dejen las pandillas a través de la organización “Homies Unidos”.
En 2007, Centeno fue a Tijuana con sus amigos, y cuando regresó a la frontera fue arrestado y le presentaron cargos por entrada ilegal luego de su deportación, los cuales fueron retirados en 2008, pese a lo cual permaneció detenido hasta su liberación en septiembre pasado, indicó ACLU.