Recientemente en las noticias de Los Ángeles, organizaciones y activistas en favor de una reforma migratoria
enfatizaron una y otra vez en el hecho de que Lee Baca, sheriff del condado de Los Ángeles estaba permitiendo y entregando al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a las personas que eran detenidas sin previo récord criminal o por haber cometido un delito menor, algo así como ser arrestado por vender comida en la vía pública sin permiso.
Whitman explicó que el problema no es el Sheriff sino culpó al programa Comunidades Seguras que había sido establecido por el estado de California en un acuerdo con el gobierno federal y todas las agencias sin excepción deberían de entregar las huellas dactilares de las personas detenidas a una fuente de datos a donde ICE tiene acceso y ya dependerá del departamento de inmigración no del Sheriff el decidir quién es deportado o no. “El departamento del Sheriff no deporta gente”, enfatizó.
Por otro lado, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha dicho abiertamente que ellos se oponen al programa de Comunidades Seguras porque así como el sheriff, el jefe asistente Michel Moore indicó que ellos simplemente cumplen con lo establecido por el gobierno federal.
Moore indicó que una vez que una persona es arrestada ya sea por vender tamales en vía pública o porque es uno de los criminales más buscados del condado, el proceso es el mismo. Se toman las huellas dactilares y se mandan a una fuente de datos a la que los oficiales de ICE tienen acceso y dependerá de dicha oficina el detener y deportar a las personas, no del departamento del departamento de policía, en este caso del LAPD.
El problema con ambos departamentos es que culpan al programa de Comunidades Seguras por la deportación de miles de personas que no tenían antecedentes penales o por simplemente haber cometido un delito menor, como una infracción de tráfico. Cuando en realidad, de acuerdo a información de ICE, la responsabilidad y discreción de registrar con huellas digitales a las personas que cometieron simplemente un delito menor es de ellos.
Según Virginia Kice, vocera de ICE, todos los departamentos del orden, incluyendo el Sheriff y de la policía de Los Ángeles tienen la discreción de tomarle las huellas o no a las personas que son detenidas por delitos menores.
Está es la respuesta de la vocera de ICE:
“The type of fingerprints submitted differs from state to state. For example, some jurisdictions do not submit misdemeanors and others do. Secure Communities does not ask the state or local law enforcement agencies to change their booking procedures”.
Esto quiere decir que por un lado, ambas agencias que dicen trabajar por la comunidad e inclusive, expresar que el programa de Comunidades Seguras está afectando la confianza del departamento de policía con los vecindarios que cuidan es una farsa ya que son ellos, aparentemente los que están tomando las huellas dactilares a todas las personas, incluyendo a las que como Magaly, la vendedora de hot dogs, quien ahora enfrenta un proceso de deportación por vender comida en vía pública.
Magaly, explicó en su momento a Latinocalifornia.com que estuvo detenida en la estación 77 del sur de Los Ángeles por 4 días y una vez que fue presentada ante los tribunales, el juez le dijo que se podía ir porque su delito era insignificante, sin embargo, no pudo regresar a su hogar, porque el LAPD ya había entregado sus huellas dactilares a la fuente de datos federal donde autoridades de inmigración tienen acceso.
Esto quiere decir que si los agentes de policía y del Sheriff en realidad se están enfocando en los delitos violentos, las huellas de Magaly nunca debieron ser sometidas a la fuente del FBI e Inmigración nunca hubiera podido solicitar su detención y ahora posible deportación.
O una de dos, ambos departamentos le quieren ver la cara a la comunidad latina que apoya a los inmigrantes sin documentos o simplemente los jefes no saben lo que están haciendo sus empleados, los oficiales que patrullan las calles y en sus oficinas.
De acuerdo a información de la oficina de Bernad Parks, ex jefe de policía y actual concejal de Los Ángeles, quien busca que el estado renegocie el programa de Comunidades Seguras con el gobierno federal, de agosto del 2009 a enero del 2011 se deportaron 11,774 personas y se estima que por lo menos la mitad de ellas habían cometido delitos menores, o simplemente como Magaly, vendían hot dogs en la calle.
***Agustín Duran ha sido reportero en Los Ángeles por los últimos 14 años, ha trabajado en La Opinión, Univisión y actualmente es editor de Latinocalifornia.com