Alianza pro inmigrante

En realidad no pasó mucho tiempo para que diversos países del continente se dieran a la tarea de reflexionar sobre el

David Torres.

tema de la protección a los migrantes, sobre todo después de la matanza de 72 de ellos en un rancho en Tamaulipas, México, en agosto pasado. Era urgente y necesario establecer al menos las pautas para amparar en lo posible a aquellos que transitan por territorios ajenos en busca de llegar a Estados Unidos, quienes en su camino se enfrentan a innumerables peligros y en no pocos casos encuentran la muerte.

Comprometido hasta el fondo porque ocurrió en su territorio, la declaración del gobierno mexicano, a través de su secretario de Gobernación, Francisco Blake, fue contundente: “Todos los países de origen, tránsito y destino de estos flujos migratorios deben hacer un ‘frente común’ para combatir a los grupos criminales y salvaguardar los derechos humanos y la integridad de los migrantes, independientemente de su origen y situación legal”.

Secundada por los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), la petición derivó en una serie de compromisos multilaterales en la llamada Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Trasnacional y Seguridad de los Migrantes, realizada en la Ciudad de México el fin de semana pasado.

La revelación de por lo menos dos datos relacionados con los peligros migratorios debió motivar hace ya mucho tiempo este tipo de reuniones: unos 300 mil migrantes tan sólo de Centroamérica cruzan México cada año en su travesía hacia Estados Unidos, en tanto que 18 mil son secuestrados anualmente por grupos de la delincuencia organizada, este último dato proporcinado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Otras regiones del continente, por supuesto, también se agregan a esta dramática numeralia.

Pero de los acuerdos destacan dos, en los cuales vale la pena detenerse. Uno de ellos tiene que ver con el fomento a políticas públicas para crear mayor conciencia en materia de derechos humanos de los migrantes y proveer atención a quienes son víctimas de delitos. El plan es adecuado, es cierto, pero debe mantener una correspondencia inequívoca y transparente con el otro compromiso derivado de dicha reunión: incrementar la profesionalización de los cuerpos de control migratorio y otras autoridades responsables de administrar y aplicar las leyes migratorias, incluyendo la aplicación de sistemas de control de confianza, que permitan abatir la corrupción.

Es ahí, precisamente, donde todo buen propósito tiene su “prueba de fuego”. Porque es loable, por supuesto, ampliar la cobertura de protecciones a quienes aspiran a tener una vida mejor y, para tenerla, dejan sus respectivos países, pase lo que pase; pero la forma como se ha enquistado el funcionamiento ciertamente perverso de la corrupción en el tema migratorio hace palidecer el panorama.

Desde que se descubrió que cada migrante es un “negocio” –a partir incluso del momento en que tiene que pagar por el traslado–, las redes de traficantes de seres humanos se han “profesionalizado” (éstas sí), en el entendido de que su “negocio” debe prosperar. El contubernio con autoridades administrativas, policiacas y de la delincuencia organizada no es más que una de las aristas de este fenómeno incabable e inabarcable.

Aun así, el haber puesto atención en este aspecto del tema migratorio y, sobre todo, haber incluido en esta discusión a Estados Unidos, ha representado un paso importante, sobre todo para países como Argentina, Belice, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, Panamá, Nicaragua y República Dominicana, que se han convertido en productores de migrantes al por mayor, debido a las respectivas crisis económicas que padecen, y que en el ámbito de sus posibles soluciones no está por el momento crear las suficientes fuentes de empleo para retener a su mano de obra más vulnerable.

Antes bien, el ver partir a sus connacionales les “libera de responsabilidades”, sobre todo la de brindarles un mejor porvenir en su propia tierra. Quizá ese remordimiento de conciencia haya puesto a sus diferentes gobiernos a reflexionar sobre cómo cuidarlos en su camino hacia lo desconocido. Un círculo vicioso en el que, como siempre, es el propio migrante el que arriesga todo sin la garantía de absolutamente nada.

Y al llegar a Estados Unidos también se encuentra con el rechazo. Hay quienes opinan a la ligera –incluidos hispanos ya bien establecidos– y sugieren con simpleza que, en todo caso, no deberían venir. Pero quedarse en casa no es opción para muchos. No lo es.

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