Cárceles, un negocio redondo

La mayoría de las industrias no logran recuperarse aún de los graves estragos

María Luisa Arredondo.

que les causó la recesión de 2007. Pero existen sectores que, a pesar de la
crisis, han florecido en estos años como si Estados Unidos estuviera en jauja.
Uno de ellos el de las empresas privadas que operan centros de detención y
cárceles.

Estas compañías han crecido de manera impresionante gracias a que los políticos
no han tenido empacho alguno en aprobar cada vez más fondos para encarcelar a
todos aquellos que supuestamente representan una amenaza para la sociedad. De
esta forma, Estados Unidos se ha convertido en el país que tiene la tasa más
alta de encarcelamiento en el mundo, con 2.3 millones de personas tras las
rejas.

Muchos consideran justificada la cifra en nombre de la seguridad pública. Pero
desde hace años, los grupos de derechos civiles han denunciado y demostrado que
la mayoría de los encarcelados han sido convictos por delitos menores, como
posesión de drogas. También han denunciado, una y otra vez, que los latinos y
los afroamericanos son detenidos y procesados de manera desproporcionada en
comparación con los blancos, no porque sean más proclives a cometer crímenes,
sino por las fallas en el sistema de justicia que permiten la discriminación
hacia las minorías, que generalmente no tienen los recursos para pagar por una
buena defensa.

Recientemente, las autoridades han enfocado sus baterías hacia otro grupo aún
más indefenso: el de los indocumentados. La ola antiinmigrante que recorre el
país de norte a sur ha fomentado la aprobación de medidas como la SB1070 en
Arizona que detiene y encarcela a las personas sin papeles antes de deportarlas.
El resultado de esta política ha sido un crecimiento desmedido de las compañías
privadas que operan los centros de detención y las cárceles para los
indocumentados.

Grupos como la Coalición de Derechos Humanos de Arizona indican que por el
encarcelamiento de indocumentados el gobierno de ese estado paga de 13 a 15
millones de dólares a las compañías privadas.

Según organizaciones civiles como The Detention Watch Network (DWN) que analiza
el impacto y la influencia del sector privado en el sistema de detenciones de
inmigración en Estados Unidos, las compañías que operan cárceles gastaron más de
20 millones de dólares en cabildeo entre 1999 y 2009 para que el Congreso
apruebe más medidas antiinmigrantes.

Poco o nada les importa a los políticos que aprueban estas leyes, así como a los
que manejan las prisiones, el sufrimiento de los indocumentados. Éstos han
dejado de ser personas para convertirse simplemente en números que representan
grandes ganancias.

La situación, sin embargo, podría cambiar. No porque de repente estos señores se
hayan tocado el corazón sino porque, ante los elevados costos de mantener llenas
las cárceles, finalmente muchos contribuyentes han comenzado a protestar. Ojalá
también se dieran cuenta, antes de que sea demasiado tarde, que el país está
condenado al fracaso si continúa con la política de gastar más en prisiones que
en construir escuelas.

***María Luisa Arredondo es directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

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