Un nuevo informe muestra los costos devastadores de las deportaciones

Redacción de Latinocalifornia.com

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre han sacudido el entorno político de todo Estados Unidos y han puesto nuevamente bajo la mira las políticas de la administración Trump, entre ellas las migratorias. Un nuevo informe, elaborado por el American Immigration Council resalta que las deportaciones masivas han tenido un costo devastador para la economía estadounidense y lo tendrán aún más de seguir la tendencia actual.

El reporte señala que el esfuerzo por arrestar, detener, procesar y expulsar a un millón de inmigrantes indocumentados al año le costaría al gobierno estadounidense al menos 88.000 millones de dólares anuales, lo que, a la larga, sumaría cerca de un billón de dólares a cargo de los contribuyentes.

Más allá de los costos fiscales, el informe detalla cómo se vería afectada la economía estadounidense si el 4 % de la fuerza laboral fuera deportada. El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos caería entre un 4,2 % y un 6,8 %. A modo de comparación, el PIB estadounidense se contrajo un 4,3 % durante la Gran Recesión, entre 2007 y 2009.

Aunque algunos políticos presentan las deportaciones masivas como una operación sencilla, el informe desglosa el proceso y explica cómo intensificar cada una de sus etapas —desde el arresto y la detención hasta el procesamiento y la expulsión— requeriría una inmensa inyección de recursos y personal, con costos extremos. Los gastos de un solo año bajo un régimen de un millón de deportaciones bastarían para cubrir casi el doble del presupuesto anual de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y superarían en 18 veces la cantidad que, a nivel mundial, se destina actualmente cada año a la investigación sobre el cáncer.

Localizar y arrestar a una población de más de 13,3 millones de inmigrantes indocumentados exigiría que el gobierno movilizara entre 212.000 y 409.000 nuevos empleados gubernamentales y agentes de las fuerzas del orden. Incluso una operación destinada a realizar un millón de arrestos al año obligaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a contratar al menos a 31.000 nuevos empleados, con un costo anual mínimo de 6.200 millones de dólares; una cifra casi equivalente a la totalidad del presupuesto actual del ICE. Es probable que estas estimaciones sean conservadoras, ya que no tienen en cuenta los costos adicionales en recursos humanos, tecnología, gastos legales y otros costos secundarios que conllevaría una estrategia de contrataciones masivas seguidas de detenciones a gran escala en las comunidades.

Los costos más elevados de cualquier iniciativa para llevar a cabo deportaciones masivas provienen de la creación de nuevos centros de detención destinados a albergar a, potencialmente, millones de personas mientras se procesan sus casos. Basándose en los costos que el Departamento de Seguridad Nacional ha pagado para establecer y operar instalaciones de detención «de estructura ligera» (tipo carpa o modular) en la frontera, el informe estima que aumentar rápidamente la capacidad para detener a un millón de inmigrantes al año podría costar hasta 66 000 millones de dólares anuales. Sería necesario construir cientos, si no miles, de nuevas instalaciones para recluir a los inmigrantes mientras esperan la resolución de sus casos ante los tribunales de inmigración. Estas estimaciones de costos también son conservadoras, dada la magnitud de la detención planteada (a modo de contexto, a finales de 2022, había un total de 1,9 millones de personas bajo custodia penal —federal, estatal o local— en todo Estados Unidos).

El gobierno también tendría que ampliar considerablemente el actual sistema judicial de inmigración, ya que nadie puede ser deportado sin una orden de expulsión previa. Actualmente, hay menos de 800 jueces de inmigración que ya deben hacer frente a una carga de trabajo de 3,7 millones de casos. Cada juez cuenta con el apoyo de un equipo de abogados y personal administrativo, y cada caso requiere la presencia de un fiscal del gobierno, perteneciente al ICE. Intensificar los esfuerzos para obtener órdenes de expulsión con el fin de deportar a todos los inmigrantes indocumentados en el transcurso de una década requeriría contratar a cerca de 2000 nuevos jueces y construir más de 1100 nuevas salas de audiencia. En total, el informe estima que aumentar la capacidad de los tribunales de inmigración lo suficiente como para procesar, en promedio, a un millón de personas al año, supondría un costo de 12 600 millones de dólares anuales.

Incluso si todo esto fuera posible, llevar a cabo dichas expulsiones elevaría los costos aún más. El informe estima que llevar a cabo un millón de órdenes de expulsión al año costaría aproximadamente 7000 millones de dólares anuales, dado que muchos inmigrantes indocumentados provienen de países distintos a México y Canadá, lo que requeriría el uso de vuelos chárter a un costo de 17 000 dólares por hora de vuelo. Sin embargo, estos costos son solo uno de los factores a tener en cuenta, ya que muchos países —entre ellos Venezuela y China— no permiten que Estados Unidos realice vuelos de deportación, lo que complica los esfuerzos para expulsar a muchas personas indocumentadas que actualmente se encuentran en el país.

Además de los costos fiscales, habría que considerar el impacto económico de las deportaciones masivas, incluida una reducción del producto interno bruto (PIB) de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares. Los gobiernos también experimentarían una caída en la recaudación fiscal, al perder los 46 800 millones de dólares en impuestos federales —y 29 300 millones en impuestos estatales y locales— que aportan los inmigrantes indocumentados. Los estados más afectados serían California, Texas y Florida, aunque todos los estados sufrirían una disminución de su población.

Algunos sectores se verían especialmente afectados, entre ellos la construcción, la agricultura y la hostelería, los cuales, en conjunto, perderían más de 2,5 millones de trabajadores. Por ejemplo, más de un tercio de los yeseros, albañiles, instaladores de paneles de yeso y techadores del país carecen de estatus migratorio legal. Si esa mano de obra desapareciera en un corto periodo de tiempo, es probable que los costos de construcción se dispararan y que la edificación de nuevas viviendas tardara mucho más, lo que ralentizaría considerablemente el mercado inmobiliario.

Las economías locales también sufrirían perturbaciones, dado que muchos inmigrantes indocumentados son propietarios de negocios. El informe estima que, en 2022, los emprendedores indocumentados generaron 27.100 millones de dólares en ingresos empresariales; una cifra que podría perderse por completo si las deportaciones masivas provocaran el cierre de sus negocios.

Ante la pérdida de trabajadores, el cierre de empresas y la consiguiente desaceleración económica, los estudios sugieren que, por cada millón de inmigrantes indocumentados deportados, hasta 88.000 estadounidenses podrían perder su empleo.

Más allá de los costos fiscales y económicos, el informe señala un impacto devastador para las familias en Estados Unidos. Existen 8,5 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en hogares con estatus migratorio mixto. Las deportaciones masivas provocarían que estos hogares perdieran, en promedio, más de la mitad de sus ingresos, al verse privados de sus principales fuentes de sustento económico.

Quienes formulan las políticas públicas deben ser conscientes de las formas concretas en que estas propuestas afectarían no solo a los propios inmigrantes, sino al país en su conjunto. Si bien es imposible cuantificar el sufrimiento de las familias separadas por deportaciones masivas, el informe deja claro que cualquier iniciativa destinada a detener y expulsar a millones de personas conllevaría costos profundos y devastadores para la sociedad estadounidense.

En lugar de desestabilizar la economía en aras de una aplicación de la ley excesivamente rigurosa, los responsables políticos deberían aumentar los recursos destinados a los sistemas de control migratorio y de resolución de casos, al tiempo que promueven una vía hacia un estatus legal permanente para quienes llevan mucho tiempo residiendo en el país.

 

 

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