Marcos Franco/Caló News
No llevó mucho tiempo para que los agentes del Sheriff, que se iban acercando a los más de 20.000 manifestantes ondeando banderas mexicanas a lo largo del bulevar Whittier en el Este de Los Ángeles, dispararan cápsulas de gas lacrimógeno y menearan libremente sus porras. Lo que inicialmente pretendía ser una expresión de oposición pacífica a los años de desigualdad y el alto número de víctimas latinas en la Guerra de Vietnam rápidamente se convirtió en un espectáculo de verdadero horror después de que el periodista del diario Los Angeles Times y activista de derechos civiles Rubén Salazar y otras dos personas fueron asesinados.
El movimiento de la Moratoria Chicana Nacional del 29 de agosto de 1970 se formó después de que muchos años de frustración llevaran a miembros de la comunidad a unirse contra las desigualdades educativas y sociales, con énfasis en el porcentaje desproporcionado de chicanos asesinados diariamente en la Guerra de Vietnam. Los estereotipos y otros prejuicios con que se reprimía a los mexicano-estadounidenses les hicieron sentir que estaban en guerra dentro de sus propios vecindarios y que no había justificación alguna para librar una guerra en el extranjero a 8,000 millas de distancia.
Miguel Vigil López es copresidente del 50º Comité de la Moratoria Chicana, que organiza eventos en el lado este de Los Ángeles y busca oportunidades de desarrollo y soluciones de justicia para los latinos.
“Una de las razones por las que [nos organizamos] año tras año es para conmemorar la historia del movimiento que organizamos contra la guerra. Pero también lo hicimos para luchar por la educación superior y por los derechos básicos justos que merece nuestra comunidad”, dijo López, quien es maestro suplente en el Distrito Escolar Unificado El Rancho, en la ciudad de Pico Rivera. “Este es el tipo de acciones y eventos que nos permiten unir a la gente; educar públicamente y recopilar la narrativa, mientras que nosotros animamos a los padres a que busquen formas de presentar nuestra historia y cultura a nuestra gente”.
Aunque en aquel entonces sólo constituían el 4,5% de la población total de Estados Unidos, el 5,5% del total de las víctimas en Vietnam eran latinos, según reconoce la Biblioteca del Congreso. Esta estadística acrecentó la protesta de grupos de justicia social y otros defensores de la comunidad. Las canciones, los bailes y otras actuaciones interrumpidas por la agresiva acción policial fueron un crudo recordatorio de la represión de la que sufren los latinos.
Pero los chicanos no fueron los únicos que se opusieron a la Guerra de Vietnam. De hecho, la lucha librada por una gran parte de la población estadounidense construyó toda una subcultura. El mensaje en las manifestaciones contra la guerra fue el mismo: preservar las vidas de los soldados estadounidenses y traer las tropas a casa.
“Creo que en ese entonces teníamos la sensación de ser prescindibles”, dijo José Anguiano, hoy profesor asistente y asesor de posgrado del Departamento de Estudios Chicanos de Cal State L.A. “Éramos lo suficientemente buenos como para ser utilizados como carne de cañón, pero no éramos lo suficientemente buenos para tener la oportunidad de ir a la universidad o de gozar de otros beneficios que se proporcionan aquí en Estados Unidos”.
Un mes después de la Marcha de la Moratoria, el condado de Los Ángeles cambió el nombre de Laguna Park, que constituyó el punto final de la protesta, en honor a Rubén Salazar. El periodista fue asesinado cuando le dispararon en la cabeza con un proyectil de gas. Además de Salazar, Lynn Ward, de 15 años y enfermera de las Boinas Marrones (los Brown Beret) fue asesinada por un explosivo no identificado, que según el L.A. Times podría haber sido un cóctel Molotov, y Angel Gilbert Díaz, un manifestante de 35 años, condujo su automóvil a través de barricadas policiales antes de estrellarse contra un poste de luz y morir en el Centro Médico del Condado de USC tres días después.
A pesar de ser visto como un mártir por la comunidad chicana, la muerte de Salazar quedó impune cuando el agente del Sheriff Thomas Wilson disparó el arma que mató a Salazar, fue declarado inocente de todos los cargos. Esto abrió una brecha aún mayor entre las fuerzas del orden y los mexicano-estadounidenses.
Hoy existen más oportunidades para los latinos en Estados Unidos, en comparación con la situación que imperaba décadas atrás. Pero a pesar de ser el grupo étnico más grande del país, todavía carecen de representación en la educación, la atención médica y la propiedad de viviendas. Según los datos del censo de 2021, los latinos tenían una de las tasas de personas sin seguro médico más altas del país con un 17,7%, en comparación con el 5,7% de los blancos. Aunque la cobertura sanitaria no sea realmente una panacea.
La calidad del seguro médico juega un factor muy importante a la hora de determinar dónde un paciente puede buscar tratamiento y si puede o no pagar los medicamentos y otros gastos. Un estudio reciente del Instituto de Política y Política Latina de UCLA muestra que tres de cada cinco niños latinos en California están asegurados por Medicaid (que se llama Medi-Cal en el estado), y dos de cada cinco adultos de la misma etnia tienen la misma cobertura.
La misma marginación de la comunidad latina es evidente en el tema de la propiedad de vivienda. Sólo el 17% de los latinos podían permitirse adquirir viviendas de precio medio en California en comparación con el 34% de los blancos, según un estudio de CalMatters. Y aunque los latinos constituyen el 39% de la población del estado, sólo el 14% de estos adultos tiene una licenciatura universitaria, según EdSource.
Guadalupe Guadián lidera la Filial de Santa Paula de los Brown Berets en el condado de Ventura. Organiza eventos en su comunidad a través de Chicana Chicano Moratorium, un grupo de activistas que con su nombre rinde homenaje al movimiento original. Ella y su equipo brindan consigo recursos, incluidos servicios de salud y proyectos educativos, a las familias latinas del área.
“Es lamentable que todavía estemos librando las mismas luchas que antes”, dijo Guadian. “Todavía estamos subrepresentados, mal representados o no representados en absoluto, pero todavía estamos aquí también, y a algunos de nosotros no nos está yendo muy bien”.
Los Ángeles es un área ricamente arraigada en la historia chicana. Sin embargo, algunos angelinos que vivieron aquí toda su vida todavía ignoran los eventos sociales que tuvieron lugar en su patio trasero hace varias décadas.
El estudiante latino Anthony Samaniego está en el primer año de ingeniería mecánica en la universidad Cal State L.A. Antes de inscribirse en la universidad, estudió en una escuela chárter en el barrio de Watts. Aunque no tenía conocimiento previo de la moratoria, cree que la historia chicana, por haber sucedido en suelo estadounidense, es también historia estadounidense y que en consecuencia, debe figurar en las aulas de las escuelas secundarias.
“Creo que (estudiarlo) debería ser un requisito”, dijo Samaniego. “Los estudiantes deberían tener más conocimiento de las luchas libradas por el movimiento chicano”.
Dos años atrás, cuando el gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 101, California se convirtió en el primer estado del país en hacer de los estudios étnicos un requisito obligatorio, lo que se aplicará graduados a partir del ciclo lectivo 2029-30. Y en agosto de 2020, la junta escolar del LAUSD aprobó una resolución sobre su compromiso de Estudios Étnicos para Todos (Ethnic Studies for All). Implementará políticas similares para los estudiantes que se gradúen en el ciclo lectivo 2026-27.
“Como educador, obviamente creo que es importante que se enseñen temas como estos [en las clases de historia estadounidense]”, dijo Anguiano. “Me parece esencial que los estudiantes que crecieron viviendo en el área conozcan esta historia para que sepan contra qué ha luchado nuestra comunidad y para que de esa manera, ellos mismos puedan luego luchar contra las desigualdades”.