María Luisa Arredondo
La foto que lo muestra con una sonrisa socarrona mientras carga el atril que le había robado a Nancy Pelosi como si se tratara de un botín de guerra lo convirtió en una de las caras más reconocidas de quienes asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero. Uno se imaginaría que este individuo, cuyo nombre es Adam Johnson, sería castigado con todo el peso de la ley por participar en una insurrección que puso en serio peligro a cientos de policías, empleados y miembros del Congreso para evitar la certificación del triunfo de Joe Biden e impedir la transición pacífica del poder.
Pero no. Johnson salió este lunes de la corte federal de Sam Gibbons en Tampa, Florida, donde estaba detenido mediante el pago de una fianza de 25 mil dólares. Para sorpresa de muchos, no está acusado de sedición, ni terrorismo sino de delitos menos graves como robo a una propiedad del gobierno y conducta desordenada.
Muchos otros de los que han sido arrestados por el asalto al Capitolio el 6 de enero enfrentan cargos similares.
Y es aquí donde cabe la pregunta: ¿Qué clase de justicia hay en este país? ¿Por qué en este caso, en el que los ofensores cometieron graves delitos como el de irrumpir violentamente en el Capitolio, golpear a los policías que los enfrentaron y matar a uno de ellos, destruir y saquear oficinas y gritar consignas de que querían colgar a Mike Pence e iban tras de Nancy Pelosi no hay represalias serias?
Se trata, obviamente, de un doble estándar. Los terroristas que participaron en estos deplorables hechos son blancos supremacistas seguidores de Trump. Si hubiesen sido miembros de grupos minoritarios, afroamericanos o latinos, la historia hubiera sido muy diferente. Se les hubiera aplicado todo el rigor de la ley.
Una de las consecuencias más nefastas de esta injusticia es que ha envalentonado a los grupos de vándalos que siguen a Trump y desean desestabilizar al país. El FBI ha advertido que se planean protestas armadas en los 50 capitolios del país, del 16 al 20 de enero y en el Capitolio de Estados Unidos, del 17 al 20 de enero. También indica que esos grupos han amenazado con una rebelión si a Trump lo remueven del poder mediante la invocación de la Enmienda 25.
Y esto es justamente lo que más preocupa: que, a pesar del caos, la destrucción y el terror que ha sembrado Trump, son millones los que aún lo siguen y creen en sus reclamos infundados de que las elecciones fueron fraudulentas. Aunque los demócratas han iniciado en la Cámara de Representantes el proceso formal para destituirlo por incitar a una insurrección, el presidente confía en que saldrá airoso en el Senado porque cuenta con la complicidad de la mayoría de los republicanos y, en último caso, podría perdonarse a sí mismo y volver a contender por la presidencia. Tenemos que evitarlo a toda costa si de verdad amamos a Estados Unidos.