Los Ángeles (EFE).- Una treintena de personas protestó contra el sheriff de Los Ángeles, Lee Baca, por la manera en la que aplica un programa de colaboración entre las autoridades locales y los agentes federales de inmigración.
Durante la protesta de los representantes de los grupos defensores de los inmigrantes y de los derechos civiles, realizada frente a las oficinas del Departamento del Sheriff en el Este de Los Ángeles, también se pidió que se ponga un alto a los decomisos de vehículos de personas que conducen sin licencia.
“Es una gran injusticia quitarle los vehículos a las personas de la comunidad que no han cometido ningún delito”, declaró Gilberto Salcedo, abogado representante de la National Lawyers Guild (NLG).
Salcedo argumentó que “conducir en Los Ángeles no es un lujo, es una necesidad y las personas lo hacen diariamente para ir a trabajar. Cuando la Policía les decomisa sus vehículos ellos tienen que pagar entre 1,500 y 2,000 dólares para recuperarlo que para algunos de ellos representa casi un mes de trabajo”.
“No pedimos una excepción para los indocumentados. Si alguien está manejando sin licencia se le debe poner una multa, pero estamos hablando de un castigo que no es proporcional a la violación de la norma y que, por lo por lo tanto, viola la ley internacional y la constitución del país”, argumentó el jurista.
Por su parte, el conocido dirigente del Este de Los Ángeles, Carlos Montes, de la Coalición pro Inmigrantes del Sur de California, también pidió al sheriff Lee Baca que “suspenda la detención y deportación de miles de inmigrantes que no han cometido delitos graves”.
El activista insistió en la necesidad de que Baca haga cumplir la ley AB 1081, conocida como “Ley de Confianza”, que limita las deportaciones a personas que han sido condenadas por delitos graves.
Montes exigió que Baca suspenda la ejecución del programa Comunidades Seguras, que calificó como “Poli Migra”, y en cambio apoye la “Ley de Confianza”, que suspende las deportaciones de inmigrantes inocentes.
Cynthia Anderson Park, representante del Centro CSO y miembro de la Coalición pro Inmigrantes del Sur de California, señaló que hay otros departamentos de policía que no están confiscando los vehículos de las personas que conducen sin licencia.
“¿Por qué el alguacil no quiere ayudar a la comunidad inmigrante y detener la confiscación de vehículos?”, cuestionó la activista.
Delia Domínguez, una activista de NLG, argumentó que se está violando el derecho de las personas a movilizarse para ir a su trabajo.
“Tenemos un problema grave en el este de Los Ángeles con las personas que van al trabajo incluyendo la gente que trabaja en los campos. La policía, en lugar de detener a las personas embriagadas que conducen en la madrugada, les está decomisando los vehículos a estos trabajadores que no han cometido delitos”, dijo Domínguez.
Héctor Alvarado, de la organización Padres Unidos de Maywood (PUMAS), denunció que el Departamento del Alguacil de Los Ángeles ha contratado policías que antes trabajaron en Maywood -una pequeña ciudad de mayoría hispana al sur de Los Ángeles- que no tienen buenos antecedentes.
“Que revise bien a los policías que ha contratado porque en Maywood había policías racistas y algunos corruptos y el alguacil Baca los contrató”, aseguró Alvarado, aunque sin dar más información.
En su participación en la protesta, Nelly Domínguez, de la Red de Sueños de California en Los Ángeles, destacó el perjuicio que los padres de muchos jóvenes están sufriendo con el decomiso de vehículos.
Igualmente, reclamó en nombre de los jóvenes el cumplimiento del Acta de Confianza por parte del alguacil Baca: “No vamos a tolerar que el alguacil se oponga a la ley estatal y no la cumpla”.