Denuncian que hay en México cerca de 10 mil cuerpos sin identificar

Se cree que muchas de las víctimas podrían ser migrantes mexicanos y centroamericanos que deseaban llegar a EEUU.

Washington, 23 mar (EFE).- Cerca de 10.000 cadáveres de víctimas de la violencia del crimen organizado, entre ellos emigrantes centroamericanos y mexicanos, permanecen sin identificar en México, denunciaron hoy activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La cifra es la suma de las 8.800 víctimas que, según la CIDH, quedaban por identificar en México hasta abril de 2011 y otras 1.200 que fueron recuperados entre 2006 y 2011 en un total de 310 fosas clandestinas en todo el país, según cálculos de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Así lo indicó hoy ante la CIDH la directora de esa Fundación, Mercedes Doretti, en una audiencia en la que varias ONG denunciaron la lentitud y falta de efectividad de México a la hora de buscar e identificar a los emigrantes centroamericanos desaparecidos en ese país en su intento de llegar a EE.UU..
Las ONG sospechan que muchos de esos desaparecidos formen parte de los 1.200 hallados en los últimos seis años en fosas clandestinas.
Las organizaciones recordaron que aún no se ha identificado a todos los cadáveres de la masacre de Tamaulipas de agosto de 2010, en la que los cuerpos de 72 emigrantes fueron hallados en una fosa común, y la registrada en el mismo estado un año después, cuando se encontraron los restos de 193 personas en 47 fosas clandestinas.
Doce de los migrantes masacrados en 2010 y cerca de 150 de los hallados en 2011 “aún no han sido identificados”, aseguró Doretti a periodistas tras la audiencia, que se enmarca en el 144 periodo de sesiones de la CIDH.
Además, las organizaciones denunciaron la falta de reparación a los familiares de las víctimas, que en algunas ocasiones “abrieron los ataúdes para hallar restos de alguien que no era su ser querido, o incluso restos de carne no humana”, dijo Rosa Nely Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso Honduras (Cofamipro).
El padre de uno de los migrantes desaparecidos, el mexicano Candelario Castillo, aseguró en la audiencia que ya no confía en la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana para investigar el paradero de los desaparecidos.
Castillo habló en nombre de las familias de 21 emigrantes que desaparecieron en marzo de 2011 en San Luis de la Paz (Guanajuato), y a los que los familiares siguieron el rastro viajando hasta el norte del país.
“No tuvimos apoyo del Gobierno mexicano para la búsqueda. Las autoridades nos cierran las puertas. No quieren darnos información, simplemente no los están buscando”, aseveró.
Ante esas denuncias, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) coordinó el año pasado la creación en Honduras y El Salvador de un banco de datos forense independiente, que ha documentado hasta el momento al menos 316 casos de inmigrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños desaparecidos en su trayecto a EE.UU..
Las organizaciones pidieron a México que forme una comisión de expertos forenses independientes, asesorada por la sociedad civil y por la propia CIDH y la relatoría de Derechos Humanos de la ONU, para supervisar el proceso de identificación de los restos, una solicitud que fue respaldada por los comisionados en la audiencia.
También solicitaron al Estado mexicano la creación de una base de datos forense a nivel nacional y regional, con la ayuda de expertos internacionales, para facilitar el acceso a la información sobre los no identificados y desaparecidos.
Los representantes de México en la audiencia reconocieron la “gravedad” de los hechos denunciados, aunque negaron que el Estado mexicano los “tolere” y explicaron que “los investiga en la medida en que está enterado, para después proceder jurídica y penalmente”, en palabras del subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de secretario de gobernación, Max Dinner Sala.
Sala aseguró que el Gobierno ya “está construyendo ese sistema de base de datos integral”, para el que debe unificar todos los archivos regionales y locales y que estará listo y será “compartido” con las familias antes de que el presidente Felipe Calderón concluya su mandato.
En cuanto a la creación de una comisión de supervisión, el coordinador de asesores de la subprocuraduría jurídica de la PGR, Leopoldo Velarde, consideró “un poco difícil tomar una decisión como esa en este momento”, por lo que el Gobierno mexicano “se lleva esa propuesta e invita a los peticionarios a platicar sobre ello”.

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