Marisela Escobedo no era activista y menos una luchadora social, como algunas organizaciones y medios la presentan.
Marisela era sólo una madre y tenía una hija a la que asesinaron.
Era igual y buscaba lo que sí lograron admirablemente Isabel Miranda de Wallace –Hugo Alberto Wallace era su hijo- ; Alejandro Martí – Fernando Martí Haik, era el nombre de su hijo- ó Nelson Vargas –Silvia Vargas Escalera, era su hija-, llevar ante la justicia a los asesinos de sus hijos.
Todos ellos –igual que miles de ciudadanos anónimos en el país- tuvieron que librar sendas batallas de coraje, amor, rabia y llenas de peligros -sin la ayuda de quienes se suponen deben hacer justicia en México- para alcanzar su objetivo.
¿Por qué Marisela no lo logró, pese a haber estado dos años frente al Palacio de gobierno del estado de Chihuahua? La respuesta es simple: a nadie le importó.
Ni el ex gobernador Fernando Baeza Reyes ni el actual César Duarte Jáquez, hicieron nada por ella o por su hija asesinada; y en el colmo del abandono de toda responsabilidad no le garantizaron su seguridad y perdió la vida – frente a las oficinas del gobernador- .
Sus promesas de combatir el crimen son falsas, demagógicas y mediáticas.
Así lo demuestra el crimen artero de Marisela Escobedo -cuya hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, fue asesinada en agosto de 2008.-, a manos de un criminal que presuntamente ya había matado a su hija: Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja sentimental de Rubí, con quien procreó una hija.
Pero el asesinato de Marisela devela otras aristas del México que vivimos.
Una de ellas es que el sistema de justicia en el país está quebrado. Y lo peor, que a nadie le importa.
Que la supuesta independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, está torcido y sirve a los intereses políticos; del que manda en turno.
Para librarse de su responsabilidad –lo cual no ocurrirá- el gobernador del estado César Duarte Jáquez, pidió al Poder Judicial que retirara de sus funciones a los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Rafael Boudib Jurado y Catalina Ochoa Contreras, ya que los consideró responsables de haber dejado libres al asesino de Marisela.
Al mismo tiempo que pidió al Poder Legislativo que arrancara un juicio de procedencia para retirarles el fuero y proceder penalmente en su contra, en caso de demostrarse que actuaron con negligencia, según el gobernador.
Para demostrar quién manda en los tribunales, en tan sólo dos horas el Pleno del Supremo aprobó la solicitud y suspendió a los juzgadores, según informaría el magistrado presidente Javier Ramírez Benítez.
Pero al gobernador se le olvidó un detalle importante: ¿Y el Ministerio Público que debió aportar las pruebas para condenarlo? ¿Ese no tiene culpa? ¿Alguien sabe su nombre?
La actuación del gobernador de Chihuahua es trágica y sienta un precedente muy peligroso no sólo en Chihuahua, sino en el resto del país, que llevaría a la indefensión a cientos o miles de ciudadanos inocentes que ahora serán condenados –como sucede muy a menudo- porque los jueces no querrán enfrentarse a una situación como la de sus colegas, y mucho menos a ser exhibidos públicamente como si éstos hubiesen jalado del gatillo.
Por si no bastara, es aún todavía más terrible y pernicioso para el sistema de justicia en México, lo que declaró el propio presidente de la República, al enterarse del asesinato, al señalar a través de su cuenta de la red social de Twitter, que fue la impunidad lo que causó la muerte de Marisela Escobedo. Pues es “lamentable que jueces de Chihuahua soltaran al asesino confeso de Rubí Frayre”. Por esto, el primer mandatario que es una “tarea urgente” que los gobiernos locales deben atender el combatir la corrupción en el sistema penitenciario y de justicia en los estados, cosa que él no ha hecho en al ámbito federal.
Ahora los políticos juzgan a los jueces.
Pero, oportunistas como son, se olvidaron de la actuación del Ministerio Público, una figura que está sometida desde hace decenios al mandato del político que detenta el poder, sea Presidente, gobernador o presidente municipal.
La muerte trágica de Marisela no resolverá nada en este país, como tampoco los miles de muertos que se contarán en “la guerra” perdida de Felipe Calderón contra el narcotráfico y la delincuencia, cuya estela de violencia crece y se multiplica, porque está demostrado que quienes pretenden combatirla, son los mismos que la organizan.
Es una tragedia lo que sucede al país.
Diez años de gobiernos panistas nos han dado una dura lección.
Si de ella no aprendemos, el país y –nosotros- sus habitantes estaremos condenados al menos otras dos generaciones más a vivir en la deshonra, la corrupción, la mentira y el amago de la represión en cualquier forma, ante nuestra incapacidad de protesta y organización social.
En el penúltimo año del gobierno calderonista, se empezará a hacer el recuento de daños y todos tendremos qué levantar el tiradero –económico, social, humano, político y moral- que nos dejarán los panistas una vez que sean echados por el voto del hartazgo…otro.
Los muertos pasarán a ser cifras, porque a eso nos acostumbraron; porque tal vez eso sea lo que nos merecemos por no organizarnos como sociedad y ser meros espectadores, porque mientras no nos pase a nosotros, no pasa nada.