Biden se encamina a la victoria: las elecciones de 2020 son un referéndum por la restauración de la democracia

 

Por Maythé Ruffino

Es entendible que haya un alto nivel de ansiedad y de estrés extremo de muchos ciudadanos preocupados por el futuro de nuestra democracia, la estabilidad y legitimidad de nuestro sistema político y la paz y el bienestar de nuestras comunidades, estados y país en general. Pero es importante contextualizar este momento histórico en base a la información factual y verificable que poseemos y realizar análisis críticos en base a la ciencia y no a la especulación. Partamos de los hechos para proponer posibles interpretaciones. Es más fácil decirlo que hacerlo con la cantidad inconmensurable de información que abunda y a veces asfixia la posibilidad de interpretarla. Una primera observación que hay que hacer es que si en una elección presidencial en condiciones medianamente ordinarias puede producir ansiedad y abrumar seguir el proceso, en una elección como a la que nos enfrentamos el estado psicológico colectivo de la ciudadanía se ve profundamente afectado. La razón es que estamos enfrentándonos no a una elección en donde se emite el voto en un día y se contabiliza casi simultáneamente. Esta elección es atípica, es una larga temporada de elección en circunstancias anómalas y excepcionales.  

A sólo unas horas de que inicie la jornada de votación del 3 de noviembre, parece inminente la victoria de Joe Biden y del Partido Demócrata. La mayoría de las encuestas y analistas políticos le dan a Biden y a los demócratas 9 o 10 puntos porcentuales en el voto directo popular. Los más conservadores en Fox News en su último sondeo dan a Biden 8 puntots, 52-44 con 4% de indecisos y en Wisconsin, Marquette University Law School establece en su último sondeo Biden up 48-43 con 9% indecisos. Otros sondeos más progresistas como NBC News/Wall Street Journal tienen a Biden arriba por 10 puntos, 52 percent to 42 percent, 6% indecisos. En cuanto a los votos electorales, la mayoría de los modelos estadísticos, analíticos y científicos de probabilidad le dan también la victoria a Biden quien alcanzará incluso más de los 270 votos representativos del Colegio Electoral por más de una decena de rutas posibles. Y en cuanto al Senado, es muy posible que también logren una mayoría. Han votado ya más de 100 millones de personas de una población total de 239,247,182  votantes. No todos los ciudadanos registrados para votar lo hacen. En 2016 cerca del 87% de los votantes registrados lo hizo según reporta Pew Research Center analysis of Census Bureau data. Por lo que a un día de la votación presencial directa, y si tenemos como referente por lo menos el mismo porcentaje de votantes de la elección pasada, votarán cerca de 208,145,048 ciudadanos. Hoy mismo ya ha votado el 50% de la población, y se esperan entre 100 y hasta 150 millones de personas más. Consideremos que estas predicciones se basan en datos verificables, pero la interpretación, que es donde radica la clave del análisis político, se espera que la votación supere en cierta medida la respuesta ciudadana de las elecciones del 2016 por lo menos entre un 10 hasta un 15% más.

El aumento sin precedentes del electorado en el 2020 responde, en mi opinión, al estado de una compleja crisis compuesta de otras crisis mayores a las que se enfrenta EU.

Tenemos antes que nada una crisis de salud inimaginable que alcanza, debido a la inexistente e incompetente respuesta de Donald Trump y su gestión gubernamental, 9,550,865 casos de Coronavirus y 236,900 muertos. Esta crisis exige un inmediato plan de emergencia para salvar cientos de miles de vidas. Bajo el gobierno de Trump, los expertos de salud vaticinan un escenario apocalíptico en donde los más conservadores anuncian que tendremos por lo menos medio millón de muertos al cierre del año.

Tenemos como consecuencia de la crisis sanitaria, una crisis económica que ha sumido al país en una recesión histórica que en el segundo cuatrimestre mostró rasgos de destrucción mayores que la Gran Depresión de los 30’s. El Producto Interno bruto cayó 5% y 32.9% en el primer y segundo cuatrimestre[1] respectivamente durante la pandemia del Coronavirus que inició en enero del 2020. Y ha dejado una tasa de desempleo[2] oficial por encima del 7.5% pero que en términos reales, debaten los economistas, equivale a entre 25 y 30 millones de personas. Se estima que tomará cerca de un lustro por lo menos volver a estabilizar la economía si se toman medidas inmediatas para ayudar a las personas más afectadas. Entre ellas se encuentran las mujeres y por supuesto los estratos más pobres de la población constituidos por los latinos, negros y otras minorías.

Hay, por otra parte, una crisis compleja del sistema político que abarca la legitimidad del proceso electoral y de las instituciones políticas partidarias. En primera instancia, ante la crisis de salud por el coronavirus, se evidencia la debilidad de un proceso de votación atomizado en una estructura federal tan individualizada, descoordinada y fragmentada en cada uno de los cincuenta estados y el distrito de Columbia, que impiden que el proceso electoral sea justo, eficiente y expedito. Cada estado tiene regulaciones electorales que afectan, suprimen o reprimen del todo el derecho al voto. Esto ocurre especialmente en comunidades, distritos, ciudades y estados en donde hay poblaciones de grupos minoritarios, latinos y negros. No hay un conteo, procedimientos federales, generales y estandarizados que garanticen el proceso electoral, la emisión del voto, las condiciones de votación, su procesamiento y conteo de forma uniforme en todo el país. No hay provisiones generales que permitan establecer reglas justas y uniformes sobre los votos en ausencia, por correo o de emergencia. Esta crisis de salud lo deja al descubierto. No hay un tribunal electoral que regule los mecanismos, procedimientos, reglas y disputas del proceso electoral. Un tribunal que despoje de la máscara de democrático, un proceso de selección de candidaturas y representantes organizado, dirigido y concretado por el capital. Las campañas políticas son un despliegue claro de las clases dominantes del capitalismo que financian a los políticos para que representen, rijan y regulen el país de acuerdo, íntegramente, a los intereses pautados por ellos. El juego político no incluye los intereses del pueblo. Son, cínicamente, los intereses de los patrocinadores de las campañas los que están en juego en las plataformas esencialmente unificadas de los dos partidos políticos contendientes en los EU, demócratas y republicanos.

Lo que los ciudadanos votan en EU, no es una plataforma económica, política o ideológica siquiera. Votan básicamente por un estilo de gobernar donde los intereses de fondo del partido radical de extrema derecha, el Partido Republicano y los del partido de centro, el Partido Demócrata no difiere mucho. Hemos padecido un gobierno que en los pasados cuatro años, bajo el mandato despótico de Donald Trump, ha destrozado las tradiciones democráticas, los estilos, los modos ‘decentes’ de gobernar que creaban consenso en la ciudadanía en la creencia de que el sistema funcionaba de forma justa, equitativa e igualitaria para todos. El gobierno de Trump ha puesto en tela de juicio la legitimidad de las reglas del sistema político y su democracia. Las cuales señala D. Beetham en su libro titulado «The Legitimation of Power» a saber, la dimensión de la validez legal de la legitimidad en conformidad con las reglas, la dimensión de la justificabilidad de las reglas en términos de creencias compartidas y la dimensión de la legitimación por medio del consentimiento expreso. Si hay una votación masiva y contundente que aleje de la esfera judicial el proceso político electoral habremos no sólo derrotado a Trump, sino que afirmado en estas tres dimensiones el sistema político y la democracia estadounidense.

Trump no sólo ha desenmascarado la creencia, validez y justificabilidad de las reglas democráticas, sino que ha desenmascarado la crueldad inequitativa del sistema. Trump ha gobernado bajo un populismo neofascista basado en un autoritarismo carismático y despótico. Ha congregado como su base política a un grupo mayoritariamente constituido por hombres blancos, sin educación y resentidos por la exacerbación del empobrecimiento de la clase trabajadora. Trump despliega su mando bajo una ideología neo-eugenecista, propone la supremacía blanca, un patriotismo excluyente y una misoginia y machismo extremos. Todo ello sintetizado en un lema que ahora resulta aterrador por sus connotaciones de racismo y violencia: MAGA (Make America Great Again). América es el nombre del continente entero, ahí sustenta una visión imperialista enraizada desde la fundación de los Estados Unidos y aunada con el ancestral racismo supremacista blanco que permea cada rincón del país.

No existe en EEUU, a nivel nacional, una garantía constitucional al voto. Los derechos de los votantes son manipulados, manoseados y violados sin precedentes hoy más que nunca, cuando provisiones tímidas federales se impusieron para que el gobierno federal regulara a los estados racistas, clasistas y excluyentes que suprimían, reprimían y violaban el derecho al voto de los negros, los latinos y las minorías. Históricamente han sido los estados sureños, proesclavistas y ultraconservadores. Ahora, sin las provisiones y ante una compleja crisis sin precedentes vemos las consecuencias de la ausencia de una regulación constitucional federada que proteja a las minorías. En Texas, en Georgia, incluso en estados del noreste, por todo el país, las minorías han esperado hasta diez horas para votar exponiéndose a la muerte si se contagian con el COVID-19, pierden un día entero de trabajo quizás, o se exponen a la violencia, el maltrato y la discriminación por parte de fanáticos trumpistas antidemocráticos y racistas. Una reforma electoral constitucional es una deuda histórica que se arrastra desde la fundación y creación de los EEUU que dotó de ese derecho a los hombres blancos propietarios y excluyó a sus esposas, a otros blancos sin propiedad, a todas las mujeres, a los indígenas, a los hombres negros esclavizados de ese derecho, a los chicanos, a las minorías. Las enmiendas históricas a la Constitución se han quedado cortas para resolver de una vez por todas el derecho al voto de cada ciudadano para el fortalecimiento de una precaria democracia que ahora, no sólo se ve puesta en jaque, sino que su crisis pone en riesgo la supervivencia misma del sistema entero.

El sistema político estadounidense está en crisis también debido a que su democracia no es directamente instituida a través del voto individual, directo y secreto de cada ciudadano. El Colegio Electoral actúa como un amortiguador, violento a veces, entre la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y los representantes políticos electos. El Colegio Electoral es un mecanismo de control de la fuerza popular que ha beneficiado históricamente al Partido Republicano y sus políticas crudas que apoyan un capitalismo libre y descarnizado. La historia demuestra que 8 de los últimos 9 presidentes republicanos han perdido el voto popular y han surgido triunfadores electos por una ultraminoría poco representativa. El último fue Donald Trump, a quien el pueblo no lo votó. Estas elecciones, si resultan ser avasalladoramente favorables, como pronostico serán, para refrendar la democracia y el estilo de gobernar de los demócratas, darán de nuevo legitimidad al Colegio Electoral, cuya fuerza se verá sometida innegablemente al mandato popular atomizado por su representatividad estatal. Su legitimidad sólo podrá ser cuestionada en estas elecciones si acaso la contienda se torna muy pareja y el voto directo mayoritario del pueblo no alcanza una contundencia y da pie a que los estados sean los que voten resumiendo la voz de las mayorías de sus ciudadanos a la de unos cuantos representantes elegidos antidemocráticamente y de forma muy opaca a la voluntad popular. El aprendizaje de los fundadores de los EEUU del concepto de legitimidad aprendido del intelectual de la Ilustración, John Locke, quien sostenía que el gobierno debe ejercerse a través de la razón y no de la fuerza despótica, fue incorporado a la declaración de Independencia y sobre todo a la Constitución más antigua del hemisferio occidental.

El sistema político está siendo cuestionado por Donald Trump, quien lleva cinco años en una campaña abierta de deslegitimación del proceso electoral, del sistema bipartidista y de todas las instituciones, estructuras y procedimientos democráticos de EEUU. Utiliza la inflexión de un sistema judicial del que se ha apoderado y cuyo dominio ejerce ya desde la Suprema Corte de Justicia, con 6 de los 9 jueces alineados ideológica y políticamente a sus intereses —controla el 67% de las decisiones más importantes que definen al país. Controla a 53 de los 179 jueces del Circuito de Apelaciones —es decir, un 30% de las decisiones judiciales que llegan a esta instancia— y tiene control del 75% de las decisiones que se toman al nivel de los juzgados del distrito al haber asignado a 164 de 220 jueces distritales.

El poder Ejecutivo permea en más del 50% del poder Judicial y lo hará en las cortes de apelaciones y de distrito durante los ocho años que son elegidos la mayoría de estos jueces más allá del mandato ejecutivo de Trump. La influencia trumpista durará más de tres décadas en la Suprema Corte de justicia. Es evidente que la concepción democrática de los fundadores de la patria que aprendieron de los franceses de la Ilustración, en particular de Montesquieu, a establecer una democracia fundada en la división del gobierno en tres esferas que pudieran ejercer una vigilancia y balance en el ejercicio del poder, se ha roto. El poder Ejecutivo ha logrado subordinar y controlar sustancialmente el poder Judicial. También tiene cooptada la Cámara Alta del Legislativo con mayoría en el Senado. Esta centralización y control ha fortificado un gobierno autoritario, despótico y presidencialista al mejor estilo de las repúblicas ‘bananeras’ que tan paternalistamente el imperio estadounidense ha criticado a lo largo de la historia política de sus relaciones internacionales.

El referéndum por la democracia

Y es que la afirmación del sistema político y el gobierno que ejerce de éste a través del voto pone en marcha el mecanismo más importante que hace funcionar la maquinaria de la democracia: la legitimidad del gobierno. Si el voto, el proceso electoral que da poder individual conglomerado al pueblo no se respeta, no se legitima, entonces el gobierno, como lo definían Locke y Jefferson, pierde legitimidad y, por lo tanto, el mandato para gobernar a sus ciudadanos. Pronuncio con fuerza las palabras de Locke: ‘el gobierno tendrá autoridad para gobernar sólo con el consentimiento expreso del pueblo’. Ese consentimiento se pone de manifiesto a través del voto. Y en estas elecciones, está en juego la legitimidad del voto, del proceso, del mandato, de las instituciones, del gobierno. Por eso, porque la mayoría entendemos la urgencia de legitimar nuestros consensos democráticos que tanto esfuerzo y tantas vidas han costado, salimos a votar masivamente. Y vamos a votar a los demócratas en quienes delegamos nuestro poder político, económico, moral. Su gobierno tendrá la obligación como afirmaban Jefferson y Locke de ‘proteger nuestro derechos naturales’, políticos, económicos, de salud y morales. Deben proteger todos nuestros derechos amparados en la Constitución. Incluido ‘el derecho a la vida, la libertad y la propiedad’. Así como Donald Trump y los republicanos han fallado en este mandato, los estamos despidiendo de sus puestos. ‘Los ciudadanos tenemos el derecho de derrotar al gobierno’, y lo hacemos. Legitimamos nuestro método, con el voto, por medio de las elecciones representativas. No elegimos la violencia sino el voto, y por ello prevaleceremos.

Es una manera de decir, estamos de acuerdo con la democracia, con el sistema pacífico de elegir a quien nos represente y organice nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestro estado, nuestro país entero. Y no vamos a permitir que la violencia, la anarquía, el autoritarismo y el caos nos gobiernen. Este voto va más allá de un referéndum contra Trump y a favor de la ‘decencia’ en la gobernabilidad de Joe Biden. Incluye y va más allá del programa político que busca el beneficio social de la mayoría para salir de la crisis de salud, económica, judicial, electoral y política. Es un referéndum a la democracia misma, a la noción más profunda de que un sistema político representacional elegido por la mayoría de los ciudadanos es la forma en la que queremos vivir y organizar al país. En restaurar la división de poderes y el balance y contrabalance entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno ejerce su voto en esta temporada de elecciones que se inició el 9 de septiembre en Alabama y terminará el 3 de noviembre en todo el país, y que ha durado unos 87 días exhaustivos y estresantes, como si en ello se nos fuera la vida. Porque, literalmente, de quienes queden en los puestos de poder dependerá si podremos sobrevivir esta compleja crisis o no.

Estas elecciones no son asunto de un día y a contar. Estas elecciones incluyen 23 días de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre y 3 días de noviembre. Hay mucho que procesar y analizar. Espero que el mandato contundente de la población no deje extender el proceso más allá del 5 de noviembre. Así lo creo, como otros analistas políticos lo afirman, entre ellos James Carville, con quien comparto mi parcial optimismo. Han sido 87 desgastantes días y noches, sumados a ocho meses de muertes, dolor y crisis sanitaria por el COVID-19. Esta crisis nos ha aislado de nuestros seres más amados, de abrazarlos y de enterrarlos, nos ha lastimado física, emocional, psicológica y económicamente de manera violenta y devastadora. Estamos desgastados, pero la inteligencia y la memoria histórico-política del costo del voto y de ejercer la democracia, precaria, parchada e imperfecta, pero al fin la democracia más vieja y representativa del continente, nos ha impulsado de forma masiva y contundente a votar para relegitimar nuestro sistema electoral, nuestra forma de vida. Queremos iniciar el camino de restauración del daño que sin precedentes nos ha hecho Donald Trump. Hay mucho camino por recorrer, pero no daremos pie a las incipientes fuerzas supremacistas y neofascistas bajo el mandato de Trump para que nos arrebaten la paz.

El interregno

Estamos cansados de la política del espectáculo y el simulacro de Trump. No me preocupa que ganaremos las elecciones con los demócratas y con nuestro mandato el Ejecutivo y el Legislativo, reduciendo la esfera de influencia de Trump y los republicanos. Las fuerzas más progresistas exigiremos e iniciaremos un franco camino para la negociación de una democracia restaurada y un gobierno que busque disminuir la inequidad económica, termine con la brutalidad policial, cree una reforma migratoria que reconozca el sacrificio de los inmigrantes latinoamericanos esenciales para la supervivencia del país entero, que cree leyes que garanticen más justicia social y menos discriminación, entre otras demandas. En cuanto llega ese nuevo gobierno, lo que me preocupan son los 27 días de noviembre, los 31 de diciembre y los 20 días de enero cuando Joe Biden tomará posesión de la Casa Blanca.  La triada destructiva de la estrategia de Trump en estas elecciones ha sido enunciada claramente: supresión del voto; intimidación de los votantes y brotes de violencia en enclaves donde habitan las minorías demócratas; y la flexión del poder judicial que ha cooptado para prevenir el funcionamiento del sistema electoral y para deslegitimarlo manipulando las decisiones judiciales en base a demandas ficticias que buscan alargar y cuestionar los resultados electorales. De esta triada de atrocidades la peor es la de la violencia que puede costar vidas a ciudadanos demócratas que en zonas donde dominan o se pueden activar las fuerzas de las milicias supremacistas trumpistas pueden salir heridos o muertos. Temo también las fuerzas policiales y represivas cooptadas por Trump que bajo su mandato están ya reprimiendo a defensores de la democracia, como ocurrió en una manifestación pacífica en Carolina del Norte donde la policía usó gas lacrimógeno para dispersar a niños, mujeres y padres de familia que buscan defender su derecho al voto. Estos 78 días serán duros, exhaustivos, violentos y exigirán aún más de nosotros para proteger la paz y la democracia.

[1] Comparing the COVID-19 Recession with the Great Depression https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2020/08/12/comparing-the-covid-19-recession-with-the-great-depression

 

[2] Ten Facts about COVID-19 and the U.S. Economy.

https://www.brookings.edu/research/ten-facts-about-covid-19-and-the-u-s-economy/

 

 

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