En defensa de los niños

María Luisa Arredondo.

María Luisa Arredondo*

Son múltiples y de enorme peso las razones por las que Trump no merece otros cuatro años en la Casa Blanca, desde su discurso xenófobo y racista hasta su pésimo manejo del Covid-19, que ha causado la muerte de casi 228 mil personas. Pero hay una que en lo personal me parece particularmente cruel porque se trata de una política contra los seres que más debemos proteger. Me refiero a los niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera sur cuando intentaban cruzar ilegalmente o pedir asilo en Estados Unidos.

Esa política comenzó a implementarse en 2017 como parte de un programa piloto para disuadir a los migrantes centroamericanos de solicitar asilo o cruzar sin papeles. En 2018 la administración Trump instituyó la “tolerancia cero” para todos los que cayeran en esa categoría y se estima que, como resultado de ella, alrededor de 2,800 familias fueron separadas. El arquitecto de ese horror fue el asesor de Trump, Stephen Miller, quien contó con el apoyo irrestricto del presidente y del entonces fiscal general Jeff Sessions, así como del fiscal adjunto Rod Rosenstein. 

Hay documentos que evidencian que tanto Sessions como Rosenstein ordenaron a los agentes migratorios que arrebataran de los brazos de sus padres a niños que incluso eran bebés. Alrededor de 60 eran menores de cinco años al momento de la separación.

Debido al clamor que se generó al difundirse las desgarradoras imágenes de niños llorando por haberse quedado sin sus padres y detenidos en condiciones infrahumanas, enjaulados y durmiendo hacinados en el piso e incluso en algunos casos víctimas de abuso sexual, según testimonios de varias organizaciones de derechos humanos, Trump tuvo que suspender la terrible práctica. Sin embargo, la pesadilla no ha terminado.

Hoy sabemos que el gobierno ha perdido el rastro de los padres de 545 niños inmigrantes que permanecen en hogares de crianza o de familiares lejanos. Alrededor de dos terceras partes de los progenitores fueron deportados a Centroamérica, según la Unión para las Libertades Civiles de América (ACLU) y se cree que muchos pudieron haber fallecido por la violencia en sus países de origen. Otros tal vez permanecen escondidos por temor a las pandillas y unos cuantos que han sido contactados han señalado que prefieren que sus hijos se queden en Estados Unidos por el peligro que corren en su tierra natal.

Esto último ha sido esgrimido por Trump para justificar que no es necesario localizar a los padres. La realidad es que se trata de una minoría y que, como han testificado quienes trabajan para reunificar a las familias, el gobierno no tiene el menor interés en ayudar a los menores.

En todos los casos es claro que la separación de sus padres ha dejado una marca indeleble en todos esos niños. Las secuelas psicológicas que sufrirán por el trauma que han vivido los perseguirán toda su vida. Y Trump, el principal responsable de esta atrocidad, no sólo no merece ser reelegido, sino que debe pagar por este crimen.

*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

 

 

 

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