Dudas sobre el manejo de los fondos para el Covid-19

 

María Luisa Arredondo.
María Luisa Arredondo.

María Luisa Arredondo*

El pasado 7 de abril Donald Trump tomó una decisión a la que los medios no le dieron la debida importancia. Ese día, el presidente anunció el despido de Glenn Fine, inspector del Pentágono y jefe independiente de un panel federal encargado de supervisar el desembolso de los $2.2 billones de la Ley CARES, creada para hacer frente a la crisis económica desencadenada por el coronavirus. Con esa decisión Trump, quien se supone no tenía que intervenir en el nombramiento de ese cargo, ha puesto en entredicho la independencia del citado panel y, por ende, el manejo del dinero.

Para reemplazar a Fine, el presidente nombró a Sean O’Donnell, quien es inspector general de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y ahora tendrá que supervisar también los fondos del Pentágono y del coronavirus.

La decisión de Trump despierta numerosas interrogantes porque es claro que O’Donnell no podrá cumplir cabalmente con esas tres tareas. Y como señala la organización U.S. PIRG Tax and Budget, esto también abre la puerta a la desconfianza porque hay millones de personas desempleadas y otras que son dueñas de pequeños negocios que están al borde de la bancarrota y no han recibido la ayuda prometida por parte del gobierno.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas muchos grupos de intereses especiales han cabildeado para obtener asistencia económica, a pesar de que el Congreso los excluyó del financiamiento público.

Justamente una de las principales preocupaciones de los demócratas al aprobar la versión preliminar del paquete de estímulo económico del Covid-19 fue que tanto Trump como el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijeron que supervisarían un fondo de $500 mil millones para empresas. Esto generó la inquietud de que el presidente pudiera utilizar parte del dinero para rescatar sus hoteles y otras propiedades.

Las preocupaciones aumentaron cuando al firmar la Ley CARES el 27 de marzo, Trump dijo que no acataría las disposiciones que requieren que la Casa Blanca coordine con el Congreso la asignación de fondos a las empresas.

Para complicar más el asunto, en el Congreso, hasta hace unos días, el único encargado de vigilar los fondos del coronavirus era Bharat Ramarmuti, quien trabajó para Elizabeth Warren. Para ayudarlo en su tarea, los líderes republicanos en la Cámara y el Senado eligieron al congresista French Hill y al senador Pat Toomey. Nancy Pelosi, a su vez, eligió a su amiga, la congresista Donna Shalala, quien fue secretaria de Salud y Servicios Humanos.

Sin embargo, el nombramiento de Shalala ha resultado altamente controversial porque no tiene experiencia en el manejo de finanzas.

Lo que se cuestiona es, finalmente, que este paquete histórico de alivio para el coronavirus no sea supervisado de forma apropiada y no se utilice enteramente para los fines que se creó, es decir, para proteger las vidas y la subsistencia de quienes más lo necesitan. Sería imperdonable que, por un manejo ineficiente, termine en manos de especuladores y corporaciones sin escrúpulos.

*María Luisa Arredondo es fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

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