Chile: el lugar sin límites de la demagogia

Chile
Continúan las protestas que exigen justicia, igualdad y dignidad. Foto tomada de Internet.

Por Francisco Leal Díaz
Desde Santiago de Chile

Parodiando el título de la exitosa novela de José Donoso, “El lugar sin límites”, y tras el estallido social acaecido en Chile desde el pasado 18 de octubre, el gobierno de este país sudamericano se ha convertido en “el lugar sin límites de la demagogia”.

¿Cómo define la Real Academia Española el concepto de “demagogia”? Consultamos el diccionario de la lengua española y encontramos las siguientes acepciones: 1) “Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular; 2) “Degeneración de la democracia consistente en que los políticos mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, traten de conseguir o de mantener el poder”.

Sin ir muy lejos, para evidenciar el entorno de la cultura de la demagogia en Chile, el pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que se origina en 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Se trata de un documento histórico —señala la ONU—, que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas”.

Tal vez, obedeciendo a estos principios fundamentales, el Presidente Sebastián Piñera organizó el pasado 10 de diciembre una ceremonia especial en el Palacio de La Moneda. Ese día, el mandatario chileno develó una placa en la Plaza de La Constitución, como testimonio de los 70 años de la Declaración Universal de DDHH. Durante el acto, subrayó con aire doctoral: “Los Derechos Humanos no es una gracia, una concesión que los Estados otorgan a los ciudadanos, son derechos propios de los ciudadanos que los Estados no solamente deben respetar, sino que deben promover y deben proteger, como una tarea fundamental de sus propios deberes y obligaciones”. Recordó con ímpetu, además, que tal Declaración Universal se había adoptado tres años después del término de la II Guerra Mundial, “donde se cometieron abusos y atropellos horrendos, contra los Derechos Humanos”.

Enérgico, agregó que en la placa conmemorativa con 28 palabras se reproduce el artículo 1° de la Declaración de DDHH: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Irónicamente, ajeno al entorno originado en Chile tras el estallido social ocurrido el 18 de octubre, Piñera espetó muy suelto de cuerpo: “Por eso, cuando los chilenos hablamos de Derechos Humanos, sin duda recordamos períodos obscuros en nuestra historia, en que estos derechos no fueron respetados. Y lo que es más grave, muchas veces fueron violados por los propios agentes del Estado”.

Espontáneos aplausos coronaron tales aseveraciones, aplausos eufóricos perpetrados por los propios representantes del Estado demagógico y represivo. Lo que ignoraba Piñera —o, tal vez, olvidaba “a propósito”—, era que el concepto de violación a los Derechos Humanos lo provocan, precisamente, “agentes del Estado”.

Esa misma tarde, cuando aún resonaban en La Moneda los vítores por el fraterno discurso de Piñera, en una nueva masiva manifestación pacífica en la Plaza de la Dignidad (Plaza Italia), a una joven de 15 años le explotaba en pleno rostro una bomba lacrimógena disparada por Fuerzas Especiales de Carabineros. En tanto, otro manifestante, de 32 años, recibía un certero impacto en su cabeza, que le provocó hundimiento craneal. Ambos, hoy se debaten entre la vida y la muerte, reprimidos sólo por exigir una vida con equidad y justicia, con mayor dignidad, igualdad de derechos, oportunidades, mejores salarios, pensiones decorosas y no migajas… El jactancioso discurso de Piñera pronunciado apenas unas horas antes, quedaba una vez más sepultado en una carpeta caratulada simplemente como “discursos demagógicos”.

EL CASO ANDRÉS CHADWICK

Mientras miles y miles de chilenos continúan manifestándose en las calles de las diversas ciudades del país —a la fecha ya se han cumplido 60 días de protestas pacíficas exigiendo dignidad, justicia e igualdad—, el Presidente Piñera continúa respondiendo con ineficaces propuestas y discursos demagógicos. Su inexistente “agenda social” y sus anunciadas “políticas anti abusos» dejan la sensación de que él y su equipo de crisis —con el ministro Gonzalo Blumel a la cabeza—, sólo intentan ganar tiempo y jugar al desgaste de los manifestantes. Sin embargo, en este tira y afloja entre gobierno y chilenos movilizados que claman cambios estructurales, el gobierno insiste en criminalizar el movimiento social. No obstante esta evidente estrategia de la élite política, el pueblo movilizado espontáneamente no ha caído en el jueguito del oficialismo.

Por el contrario, la oposición ha infringido certeros golpes al oficialismo, como la Acusación Constitucional aprobada en el Senado el 11 de diciembre pasado contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, primo del mandatario, quién ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años. El día de la acusación, Chadwick balbuceó muy conmovido: “Personalmente, y con profunda convicción, quiero decirles que soy inocente de los cargos que se me formulan en esta acusación”.

Por 23 votos a favor y 18 en contra —a los dos capítulos del libelo acusatorio—, se selló el futuro político del hombre más cercano al Presidente, a quién Piñera tuvo que sustituir sin contemplaciones tras el estallido social. Chadwick había acumulado demasiados puntos en su contra, cayendo en desgracia definitivamente cuando el año pasado se produjo el vil asesinato del mapuche Camilo Catrillanca (14 de noviembre de 2018, en Temucuicui), a manos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Entonces, Chadwick demostró sus mejores dotes de demagogo, intentando exculpar a los cuatro uniformados que participaron en el asesinato del comunero mapuche, atacado por la espalda cuando conducía un tractor. La justicia, presionada por las consistentes evidencias del burdo montaje de carabineros y ante la indignación de la población, procesó a los cuatro uniformados. No obstante, el juicio por el “caso Catrillanca”, ha sido postergado para marzo del 2020.

El estallido social puso el acento que faltaba para que el Parlamento reaccionara y acusara constitucionalmente al primo de Piñera. Este capítulo quedó zanjado, finalmente, el pasado 11 de diciembre. Chadwick abandonó el Parlamento resignado, consolado por sus camaradas de partido y su abogado defensor, Luis Hermosilla. A última hora trascendió, sin embargo, que el abogado Hermosilla recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer allí el caso del inhabilitado Andrés Chadwick.

FALLIDA ACUSACIÓN CONTRA PIÑERA

Envalentonados en el Congreso, al día siguiente —jueves 12—, la oposición echó a correr sin demora la anunciada Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera, acusado igualmente por no haber actuado de manera pertinente para impedir que las Fuerzas Especiales de Carabineros cometieran horribles violaciones a los Derechos Humanos.

No obstante, la acusación contra Piñera se quedó en la antesala. Fue rechazada en la instancia previa, apoyada incluso con votos de la oposición, parlamentarios tildados de “traidores” por los sectores más radicales. Entre ellos, Pepe Auth (ex Partido Por la Democracia); René Alinco (independiente); Carlos Jarpa y Fernando Meza (Partido Radical), y Matías Walker, Jorge Sabag y Miguel Calisto (Partido Demócrata Cristianos). Se les acusó, además, de “cómplices” por haber “salvado a Piñera”.

ARROGANTE REACCIÓN ANTE INFORME DE LA ONU

La segunda semana de diciembre no quedará en el olvido tan fácilmente para el gobernante chileno. En esos tensos días la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), organización encabezada por Michelle Bachelet —ex Presidenta de Chile—, dio a conocer el informe elaborado por este organismo, respecto de la crisis social registrada en Chile y la dura represión ejercida por las Fuerzas Especiales de Carabineros. En su parte medular, el informe señala que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos”. Se advierte que «estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.

El documento de 35 páginas, dado a conocer en Chile por Imma Guerras-Delgado, representante de la misión, detalla minuciosamente diversos casos graves de violaciones a los Derechos Humanos, donde se concluye que carabineros y el ejército “incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza, y reclama reformas…” El documento de la ACNUDH, finalmente, expone 17 conclusiones relacionadas con la violencia vivida en Chile durante los intensos días del estallido social.

Tal vez lo que menos agradó a Piñera fue la afirmación donde la ACNUDH admite que “hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia”.

Con relación a manifestantes lesionados con arma no letal, el reporte señala que “el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara, da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo… Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones”.

Conjuntamente con advertir que adolescentes y jóvenes se han visto particularmente afectados en estos actos represivos, la ACNUDH reclama que “las personas defensoras de los Derechos Humanos, incluido el personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), periodistas y las y los trabajadores de la salud, han sufrido restricciones a su trabajo, así como represalias por el desempeño de sus funciones”.

 “Preocupa a la ACNUDH el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los Derechos Humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”, concluyó el lapidario informe.

Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno, respondió con semejante énfasis demagógico, reconociendo que análogas recomendaciones ya habían sido expresadas —en reportes anteriores— por Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y el INDH, además de la Defensoría de la Niñez. Concluyó que “el gobierno lamenta profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada que estuvo en nuestro país; cada una de ellas está siendo o será investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a lo que determinen los Tribunales de Justicia”.

Finalizó aclarando que ya existían 856 investigaciones administrativas y sumarios en contra de carabineros, además de mencionar la restricción del uso de escopetas antidisturbios causantes de fatídicos disparos de perdigones que han dejado, al menos, 280 jóvenes con traumas oculares, dos de ellos con pérdida total de la visión.

La respuesta más inverosímil y demagógica la expresó el canciller chileno, Teodoro Ribera, al manifestar —con actitud displicente— que ya tenían “cuatro informes” en el mismo tenor y que, por lo tanto, había llegado la hora de que los dejasen trabajar. “Llegó el momento que nos dediquemos a trabajar”, dijo con tono de molestia, intentando así bajarle el perfil al contundente reporte firmado por Michelle Bachelet. Las declaraciones del canciller Ribera, por cierto, fueron consideradas como “muy poco diplomáticas”, evidenciando una profunda sensación de impunidad a las violaciones de los Derechos Humanos.

Una última reflexión al concluir estas líneas. En tanto Piñera y su gabinete ministerial debaten cómo seguir amparando el abusivo sistema neoliberal y, por ende, protegiendo los mezquinos intereses del uno por ciento de la oligarquía de este país que acapara el 26,5 por ciento de la riqueza de la nación, los jóvenes protagonistas de estas masivas manifestaciones —sin la conducción de un líder aparente—, parecen fortalecer un inclaudicable desafío: “No continuar siendo meros entes consumistas, sino sentirse ciudadanos dignos y solidarios con derechos”.

Ante esta inclaudicable perspectiva de justicia y equidad, ningún político demagogo logrará alterar tan sólidas convicciones enraizadas en este alborotado país del fin del mundo, hoy considerado eufemísticamente como “el lugar sin límites de la demagogia”…

 

 

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