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Narcos y terroristas

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26 de noviembre, 2019

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Narcos y terroristas
María Luisa Arredondo.

María Luisa Arredondo.

María Luisa Arredondo*

La aprobación de la Casa Blanca para designar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, como había solicitado la familia LeBarón, no podía llegar en peor momento para López Obrador.

A punto de cumplir su primer año de gobierno, AMLO enfrenta enormes retos, especialmente en el terreno económico, donde el crecimiento para este año será nulo, y en el aspecto de la seguridad, donde se anticipa que en 2019 se romperá un nuevo récord de homicidios dolosos.

En el tema de la seguridad, dos hechos en particular han mostrado la vulnerabilidad del Estado frente al crimen organizado: el caso de Culiacán, donde las autoridades tuvieron que liberar al hijo de El Chapo Guzmán y la matanza de nueve miembros de la familia LeBarón, tres mujeres y seis niños, que fueron asesinados con un salvajismo inaudito.

En el caso de los LeBarón la situación es particularmente delicada para la administración de López Obrador porque los fallecidos tenían doble nacionalidad. La familia, por otra parte, es muy influyente y numerosa pues consta de unos cinco mil miembros en México y en Estados Unidos. Desde la masacre, ocurrida el 4 de noviembre, han denunciado de manera incansable que el Estado mexicano no tiene la capacidad para enfrentar a los criminales y que por ello se precisa la ayuda de Washington.

Los LeBarón insisten también en que los cárteles en México tienen recursos ilimitados para causar un enorme daño a la población civil,  no solamente a través del tráfico de drogas sino de la trata de personas, del secuestro y de crímenes arteros y atentados contra inocentes con la finalidad de ganar no solamente más poder económico sino incluso político. Por todas estas razones, argumentan, deben ser considerados como organizaciones terroristas.

Las denuncias, por supuesto, han causado gran molestia en el gobierno obradorista. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha subrayado que la designación de terroristas a los cárteles mexicanos es “innecesaria e inconveniente” porque hay una legislación estadounidense que posibilita que cuando se dan esas disposiciones podrían actuar de manera directa, lo cual México jamás aceptaría.

Al margen de la postura de México, lo cierto es que la petición de la familia LeBarón le ha caído como anillo al dedo a Trump, quien desde que inició su campaña presidencial ha insistido en la necesidad de construir un muro en la frontera para detener a los criminales que provienen del sur.

Trump ha dicho que la designación de grupos terroristas le dará a la Casa Blanca nuevas herramientas para lidiar de manera más efectiva con las drogas que fluyen hacia su territorio y que causan la muerte de más de cien mil personas al año. Ya en el pasado, el mandatario estadounidense le había ofrecido ayuda a López Obrador para combatir a los criminales y reiteró su oferta a raíz de la matanza del 4 de noviembre, no porque le interese la seguridad en sí misma sino porque le es redituable para reelegirse.

No se sabe aún cuáles serán las consecuencias de esta nueva designación, pero para empezar, le podría dar a Estados Unidos el derecho de confiscar los bienes de los grupos criminales y de prohibir a sus ciudadanos cualquier tipo de transacción económica con ellos.

Así las cosas, al gobierno mexicano no le queda otra salida más que empezar a dar resultados. No sólo está obligado a hacerle justicia a la familia LeBarón por la presión de Washington sino también a los miles de mexicanos cuyos nombres no conocemos pero que igualmente han sido víctimas de grupos delictivos, que al margen de la designación que se les dé, cada día ganan más terreno y cometen mayores actos de barbarie.

*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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