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En Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos

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11 de noviembre, 2019

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En Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos

 

Foto tomada de internet.

Ni el toque de queda, ni la represión militar y policial han logrado intimidar a los manifestantes. Foto tomada de internet.

Por Francisco Leal Díaz 

SANTIAGO (Chile), 10 de noviembre de 2019.-  En momentos en que escribo estas líneas, han transcurrido exactamente 23 días de masivas manifestaciones callejeras, exigiendo un nuevo orden social, un cambio radical al sistema neoliberal imperante en Chile, sistema que ha originado desigualdad social, abusos reiterados —económicos, físicos, psicológicos—, atropellos a la dignidad humana y, entre otros graves puntos, un persistente deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.

La parsimonia e incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera para adoptar cambios estructurales, no han contribuido a calmar los ímpetus de los manifestantes, quienes en forma pacífica lograron reunir en una inédita concentración popular —el pasado 25 de octubre—, a más de un millón 200 mil personas, en Santiago, y un número semejante, en total, en el resto de las regiones del país.

El estallido social ocurrido en esta nación del fin del mundo, ha concitado la atención a nivel internacional. Chile ostentaba, a ojos del mundo, un magnífico desarrollo económico; pero, internamente, tal desarrollo no ha sido distribuido igualitariamente en todos los segmentos sociales.

PRECARIAS OPORTUNIDADES

A las desigualdades salariales, se han sumado las precarias oportunidades para los sectores emergentes, para las nuevas generaciones que pugnan por espacios laborales y mejores condiciones sociales. Los hijos del rigor, del esfuerzo cotidiano, los esperanzados jóvenes profesionales, talentosos, que han luchado con dureza por un próspero futuro, han visto con decepción cómo se les cierran las puertas una y otra vez.

La élite política, social y económica —dueña del 1 por ciento de la riqueza total del país—, ha cerrado filas y ha acaparado los estratos laborales, financieros, medios de comunicación, así como segmentos médicos, de salud, culturales y de entretenimiento.

En este rígido escenario de incómoda convivencia social, el pueblo chileno decidió alzar la voz, creciente desencanto que derivó en el inesperado estallido social que explotó el pasado 18 de octubre, cuando un grupo de estudiantes decidió brincar los torniquetes del Metro, en protesta por el alza de 30 pesos en el pasaje.

La explicación lógica se escuchó de inmediato: “No son los 30 pesos… Son 30 años de abusos, explotación y desigualdad social”. Y, habría que agregar, el persistente lucro que la élite financiera ha hecho mediante el comercio y artículos de primera necesidad, servicios básicos, sistemas de salud y previsión, estamentos educativos, elevados precios de las medicinas, colusiones, lucro excesivo, etc…

DECISIONES ERRÁTICAS DE PIÑERA

¿Cómo ha enfrentado este estallido social el gobierno de Sebastián Piñera? Lo ha hecho, erráticamente, con medidas restrictivas de fuerza, militarizando la ciudad de Santiago, generando una brutal represión que no se veía desde los tiempos de la dictadura de Pinochet. Pero, si bien es cierto en aquél obscuro período dictatorial el pueblo chileno vivió muy atemorizado, hoy ni el estado de emergencia ni el toque de queda, ni la represión de militares y carabineros, ha logrado intimidar a los manifestantes que hacen uso pacíficamente del derecho de expresarse en las calles.

A los 23 muertos registrados en este período, se suman 5.600 detenidos, 3 casos de desaparecidos, diversos casos de torturas, al menos 1.877 heridos, entre ellos 177 jóvenes con pérdidas de visión total o parcial, víctimas de impactos de perdigones disparados frontalmente. El cartucho de perdigones al ser percutado expande, al menos, 25 balines de plomo recubiertos de goma, los que se han incrustado en los globos oculares de los manifestantes.

LA VOZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Ante esta artera agresión —criminal manera de disuadir una manifestación popular—, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha protestado en reiteradas ocasiones ante el titular del Ministerio del Interior, pero sin resultados positivos. Ni el Presidente Piñera, ni autoridades de su gobierno, escuchan los reclamos de los observadores de Derechos Humanos. El director del INDH, Sergio Micco, ha exigido en vano “aplicar correctamente los protocolos en el uso de la fuerza”.

En el último balance de lesiones y pérdidas oculares (10 de noviembre), el INDH consigna —desde el inicio de las manifestaciones—, 177 casos de lesiones y pérdidas oculares. El INDH, conjuntamente con denunciar que en Chile se violan los Derechos Humanos, advierte que “de acuerdo a estándares internacionales, la reparación debe ser lo más integral posible incluyendo indemnización económica, reparaciones morales o simbólicas, como el reconocimiento público de los hechos, y garantías de no repetición, a través de programas de prevención efectivas”.

Tras señalar que las lesiones oculares representan una situación de máxima gravedad para el INDH, Sergio Micco advirtió que “a juicio del INDH, es relevante aclarar las cifras oficiales y determinar qué medidas de reparación se adoptarán, debido a que permite consolidar una cifra real y única de lesionados, adicional a la que el Instituto ha podido observar, de manera parcial, en sus visitas a centros hospitalarios”.

Entre los casos dramáticos, se menciona el de Gustavo Gatica Villarroel, de 21 años, estudiante de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), quién perdió por completo la visión al ser atacado con perdigones por carabineros. Según la Sociedad Oftalmológica de Chile no existen precedentes en la historia de este país de un número similar de lesiones oculares, calificando esta dramática situación como “una emergencia sanitaria”.

Ante esta brutal realidad, cabría subrayar que en Chile se violan “sistemáticamente” los Derechos Humanos, término que en su oportunidad Sergio Micco omitió.

PROTOCOLOS UNIVERSALES

Así pues, organismos y observadores internacionales han solicitado al gobierno de Piñera aplicar contra manifestantes medidas disuasivas de acuerdo a protocolos universales.

A estas flagrantes violaciones a los Derechos Humanos en el Chile de hoy, se suman denuncias contra niños, niñas y adolescentes. En días recientes, piquetes de carabineros irrumpieron abruptamente en una sede de la Universidad Católica y en el Liceo de Niñas Nº 7, en Santiago, lesionando a estudiantes y afectando a los docentes. Una alumna de 16 años recibió en sus piernas una ráfaga de perdigones, disparados a corta distancia. El propio director general de carabineros, Mario Rozas, reconoció que en la actuación de la fuerza policial, en ambos casos, hubo “una abierta falta de protocolo”.

FUTURO INCIERTO

¿Se vislumbra alguna salida a la crisis social que agobia hoy a los chilenos? El futuro inmediato se ve incierto, aunque las voces de los manifestantes claman, con fuerza, por una nueva Constitución dado que la actual Carta Magna de este país es ILEGAL, por haber sido instaurada en el gobierno de facto de Augusto Pinochet. No obstante, los sectores conservadores la defienden con ahínco, pues tal Constitución de marras privilegia sus sórdidos intereses.

Todo parece indicar que la errática frase de Piñera “estamos en guerra”, se tornará en los próximos días en una ardua “batalla” por una nueva Constitución, para lo cual Piñera dijo tener una batería de reformas para adecuarla —según su criterio— a los tiempos actuales. Pero la oposición política y espontáneos manifestantes callejeros no están dispuestos a ceder. Exigirán, de manera definitiva y con mayor empoderamiento, una nueva Constitución, definida esta vez por el pueblo a través de cabildos y una Asamblea Constituyente, y no redactada “entre cuatro paredes”, como pretende Piñera, mientras aplica en las calles cada día la medida que más le complace: el terrorismo de Estado.

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