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Amnistía Internacional ratifica violaciones a los Derechos Humanos en Chile

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25 de noviembre, 2019

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Amnistía Internacional ratifica violaciones a los Derechos Humanos en Chile

 

El presidente chileno Sebastián

El presidente Sebastián Piñera continúa aplicando drásticas medidas de fuerza. Foto: Internet.

Por Francisco Leal Díaz

Desde Santiago de Chile

Transcurridas poco más de cinco semanas, desde el estallido social en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera continúa aplicando drásticas medidas de fuerza, sin duda erráticas y cuestionadas, manteniendo oídos sordos a las demandas de multitudinarias manifestaciones que no han abandonado las calles ni un solo día, desde el pasado 18 de octubre, denominado “Octubre rojo”.

En este trance histórico para los chilenos, Piñera ha sido un mandatario ausente, desconcertado, apático para reaccionar ante las contingencias cotidianas, ambiguo en sus declaraciones, con propuestas desprovistas de contenido, inútil para apaciguar el ímpetu de los manifestantes… Y, lo más grave, su persistente demagogia en sus intervenciones desde el Palacio de La Moneda. Su gabinete ministerial, como en el juego del “monito mayor”, han seguido los pasos de la demagogia intentando confundir a la opinión pública. Pero los chilenos ya despertaron y no están dispuestos a tragarse las palabrerías irónicas de la élite política.

La ciudadanía ya no acepta más sarcasmos, como “levántense más temprano para que el boleto del Metro les cueste más barato”; o “no se quejen tanto y aprovechen de comprar flores que aún no han subido de precio”; o que “los abuelitos aprovechen de hacer vida social mientras esperan atención médica en los consultorios”, palabras mordaces —entre muchas otras—, que sería largo de enumerar… Basta señalar lo dicho por el Presidente Piñera, cuando tras el estallido social soltó el exabrupto de “estamos en guerra”, azuzando a las “fuerzas del orden” para reprimir a los manifestantes. La mentada frase le quitó el sueño al mandatario chileno. Desde entonces, ha actuado tras bambalinas, dejándoles el micrófono al ministro del Interior, Gonzalo Blumel —recientemente nombrado, en medio de la crisis social—, y a la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar. Ambos debutaron como caballos de carrera, impetuosos y frenéticos. Pero, al calor de las intensas semanas posteriores, han comenzado a desperfilarse y a caer en declaraciones imprecisas, incluso, en la demagogia.

 

LAS VERDADES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

 

En este tenso escenario, los moradores de La Moneda (la Casa de Gobierno), recibieron el jueves 21 de noviembre el lapidario informe preliminar de Amnistía Internacional. Tal informe derribaba la feble intención de Piñera de preservar la paz en el país lanzando las fuerzas armadas a la calle para acallar los gritos de los manifestantes. Amnistía Internacional, sin embargo, congeló con este documento las intenciones piñeristas. Confirmó, tras un meticuloso seguimiento a 23 casos estratégicos, flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, advirtió que “el Estado de Chile ha excedido con creces la vulneración del marco normativo internacional y ha cometido crímenes que afectan directamente al Derecho Internacional”. Erika Guevara instó a Sebastián Piñera a terminar con la represión y a garantizar el derecho de las personas a movilizarse.

A su vez, Pilar San Martín, a cargo del equipo de investigación en crisis de Amnistía Internacional, refiriéndose al marco normativo internacional, señaló que “es muy claro, respecto de la manera cómo deben controlarse las movilizaciones”, recalcando que “el ejercicio de la fuerza debe ser aplicado en casos excepcionales y de forma proporcional”.

San Martín especificó que “este gobierno se ha empeñado en defender que causar daños a bienes materiales justifica que seas lesionado, que seas torturado, o que seas matado. El estándar internacional no sólo niega eso, sino que, además, en todos los casos que la organización ha documentado, ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o matada”. En los 23 casos investigados por Amnistía Internacional, se constata el “uso letal de la fuerza, la tortura y los malos tratos, lesiones graves y uso de armas letales”. Con esta aseveración se ha puesto en jaque al sistema policial chileno y, por ende, se responsabiliza de ello a los mandos superiores.

En opinión de Erika Guevara, los discursos de Piñera (“estamos en guerra”), así como los de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas, constituyen “una instrucción de impunidad para todas las fuerzas de seguridad”. O sea, manga ancha para reprimir. Es más, la ciudadanía alertó que las fuerzas armadas “no son instituciones deliberantes”; no obstante, alzaron la voz rechazando el reporte de Amnistía Internacional. Ello, en términos estrictos, implicaría “sedición”.

Claramente, no les gustó la enérgica conclusión de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Le solicitamos —dijo— al Presidente Piñera que, al más alto nivel, así como abre a la televisión pública sus discursos, haga un llamado para que se ponga fin a la represión y se garantice el derecho de las personas a salir a las calles, sus calles, a manifestarse”.

A estas alturas, a las impropias declaraciones del mandatario chileno, se sumaba el comentario del general Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Metropolitana Este de Carabineros, quién muy suelto de cuerpo argumentó, mediante una desafortunada analogía —respecto del uso indiscriminado de las escopetas antimotines— que “cuando el tratamiento del cáncer se hace con quimioterapia, en algunos casos, y otros con radioterapia; cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenasy células malas.Es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego, es complejo…” Agregó que “los tiros de perdigones de cualquier naturaleza, incluso los que se usan de forma deportiva, no tienen la posibilidad de hacer una puntería directa, pero naturalmente tienen un radio de acción y ese radio de acción implica que cuando se toma la decisión de usarla existe una probabilidad que impacte a personas,personas que, ya lo veremos, insistimos que hay que atenerse a la investigación, a las circunstancias”…

La polémica estalló de inmediato. El general Bassaletti reconocía con tan curiosa analogía que al utilizar este tipo de escopetas antimotines los impactos alcanzaban a personas que nada tenían que ver con los incidentes callejeros. Más tarde, el general Bassaletti ofreció disculpas —tras la lluvia de críticas y peticiones de renuncia—, lamentando sus desafortunadas declaraciones, reconociendo en defensa del personal uniformado  que “no tenemos una formación para ir contra el pueblo y la gente, pero sí estamos formados para ir contra el delito”.

Días antes, el propio general de Carabineros, Mario Rozas, había anunciado que se restringiría el uso de perdigones, orden que sin duda no fue acatada por los carabineros a la hora de enfrentar a los manifestantes.

 

PIÑERA RECHAZA INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

 

Conocido el lapidario informe de Amnistía Internacional, el Presidente Piñera afiló sus colmillos para contraatacar, pese al ostracismo mantenido en los últimos días. No le agradó el reporte preliminar dado a conocer por esta organización civil que vela por los Derechos Humanos en todo el mundo, y que, desde 1980 tiene representación oficial en este país sudamericano. El informe preliminar dado a conocer —respecto de los 23 casos concretos— se basó en evidencias documentadas en diversas ciudades del país, en 130 registros audiovisuales. Además de constatar la utilización de armamento militar en el intento de controlar las manifestaciones, se detectó el empleo de armas militares de “forma indiscriminada”: ocasionando cinco muertes, cuatro en enfrentamientos con militares, y uno con carabineros.

El documento final de Amnistía Internacional será entregado oficialmente en cuatro o cinco semanas más, denunciando en detalle casos de torturas, asesinatos, violaciones sexuales tanto a mujeres como a hombres, agresiones y disparos directos al rostro de los manifestantes.

A la fecha, el estallido social en Chile consigna 25 muertos; 280 casos de manifestantes con pérdida de visión parcial o total, entre ellos, al menos cinco con riesgo de pérdida absoluta; hay 17 mil detenidos; cerca de cinco mil heridos y/o lesionados y tres personas desaparecidas. La Cruz Roja Chilena afirmó haber asistido a un alto número de heridos; incluso, en un solo día —el pasado 21 de noviembre— llegó a atender a 500 lesionados. En estos momentos, la Cruz Roja solicita acopio urgente de implementos medicinales y aditamentos para primeros auxilios, cuyo stockse encuentra agotado.

Carabineros ha sido implacable en sus violentos ataques contra los manifestantes, no así contra los saqueadores y grupos de vándalos que han originado destrucción, incendios, cuantiosos robos y actos claramente delictivos, además de pérdidas millonarias y pérdidas de cientos de puestos de trabajo.

En momentos en que concluyo estas líneas, se informa en detalle respecto de la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera presentada al Congreso Nacional, acusado incluso de “delitos de lesa humanidad”. Igualmente se tramita en el Parlamento una Acusación Constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, relevado recientemente de su cargo, por su represiva gestión.

No obstante, aún en esta crítica y delicada realidad, el Presidente Piñera ha rechazado tajantemente el lapidario informe de Amnistía Internacional. “No hay fundamentos —dijo molesto—, para aseverar que en Chile no se respetan los Derechos Humanos”. Ante esta imputación, acusó que Amnistía Internacional jamás se había acercado a la Presidencia de la República de Chile para solicitar datos fidedignos y opiniones oficiales sobre el tema investigado. Lo mismo dijo el ministro Blumel y usó el mismo tono molesto evidenciado por Piñera. “Ese informe tiene deficiencias e imputaciones equívocas”, reclamó secamente, agregando que a él nadie de Amnistía Internacional le solicitó reunión alguna “para responder sus dudas e inquietudes”.

Sin embargo, horas más tarde, la propia directora de la organización humanitaria internacional, Erika Guevara, refutó al gobierno chileno exhibiendo un documento que avala —con un sello de La Moneda—, haber solicitado con antelación reunirse con Piñera y autoridades oficiales para tratar el tema. Guevara afirmó en rueda de prensa, mostrando el documento pertinente, que jamás había recibido respuesta. Una vez más, el mandatario chileno era sorprendido en sus frases demagógicas, esta vez, de una falsedad brutal que, de haber sido atendida oportunamente como corresponde considerar a organismos humanitarios, habría cambiado, tal vez, el rumbo de los acontecimientos. Ahora ya es demasiado tarde.

“Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”, concluyó el lapidario informe preliminar de Amnistía Internacional.

 

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