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Inseguridad, el problema al que AMLO debe dar prioridad

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05 de febrero, 2019

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Inseguridad, el problema al que AMLO debe dar prioridad
María Luisa Arredondo.

María Luisa Arredondo.

María Luisa Arredondo*

Son muchos los problemas a los que debe dar prioridad la administración de López Obrador, pero sin duda el más apremiante es el de la inseguridad pública.

El país se ha convertido en una enorme guarida de ladrones, narcos, secuestradores y asesinos que cometen sus delitos al amparo de la más absoluta impunidad. Debido a la corrupción y a un sistema de justicia inoperante, las cárceles están llenas de inocentes mientras por las calles circulan libremente criminales que mantienen aterrada a una sociedad que en vano ha pedido y esperado por años la ayuda de las autoridades.

Las cifras de la violencia son semejantes a las de un país en guerra. Tan solo en los últimos dos sexenios se registraron 225 mil homicidios:  121 mil durante el gobierno de Felipe Calderón y 134 mil en el de Peña Nieto.

A este horror se agregan los 40 mil desaparecidos, más de 1,100 fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar que hay en los servicios forenses, según dio a  conocer recientemente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

El reto para el nuevo gobierno es, desde luego, inmenso, sobre todo porque la violencia continúa en aumento por doquier, incluso en zonas donde había disminuido.

En Tijuana, por ejemplo, en 2018 se registraron 2,518 homicidios, casi siete veces más que en 2012 debido a que ha estallado una guerra por la venta de drogas en el mercado interno. Con una tasa de 140 asesinatos por cada cien mil habitantes, esta ciudad fronteriza es ahora una de las que tiene mayor mortandad en el mundo.

En la Ciudad de México, donde por años los gobiernos locales afirmaban tener bajo control al crimen organizado, se han disparado todo tipo de delitos, especialmente los secuestros y feminicidios. El sábado pasado, miles de mujeres marcharon para denunciar la violencia que ha surgido en el Metro capitalino.

Para enfrentar el cáncer de la inseguridad, AMLO ha anunciado que implementará una nueva y polémica estrategia: dejará de perseguir a los capos y se enfocará en atender los delitos que afectan a los ciudadanos.

Si bien es cierto que la persecución de los cabecillas del narco solamente generó más violencia, hay dudas sobre qué tan viable sea esa política, así como acerca de una posible amnistía para los narcotraficantes, sobre todo porque muchos se dedican a otros delitos como el secuestro y la trata de personas. Preocupa también la creación de la Guardia Nacional por el grado de participación que tendrán los militares en las tareas de seguridad. Hay temor de que el país se militarice y se extienda la violación de los derechos humanos.

Debido a la incertidumbre que se ha generado en torno al tema, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, presentó la semana pasada un documento para explicar el plan del gobierno contra el crimen organizado. Por desgracia, lejos de contribuir a la transparencia, el documento aumentó la confusión pues está plagado de contradicciones y generalizaciones, lo cual es sencillamente inaceptable.

Nadie espera que AMLO resuelva el problema de la noche a la mañana pero urge que dé a conocer de manera clara la estrategia de cómo combatirá la violencia con indicadores y metas específicas sobre lo que pretende lograr. La seguridad de la ciudadanía es la principal responsabilidad de un gobierno y López Obrador no puede fallar en este renglón.

*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

 

 

 

 

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