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La Orden Ejecutiva de Trump en inmigración es un plan de acción para la deportación masiva

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26 de enero, 2017

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La Orden Ejecutiva de Trump en inmigración es un plan de acción para la deportación masiva
Un agente de ICE vigila a un grupo de inmigrantes indocumentados, en un centro de detención, previo a su deportación. Foto: Tomada de internet.

Un agente de ICE vigila a un grupo de inmigrantes indocumentados, en un centro de detención, previo a su deportación. Foto: Tomada de internet.

David Leopold

El 25 de enero de 2017 el presidente Trump dio a conocer una Orden Ejecutiva, “Mejorando la Seguridad Pública al interior de los Estados Unidos”, que potencialmente convierte a cada inmigrante indocumentado en una prioridad de deportación. Al diezmar la política de la era Obama que priorizaba a quienes representaban el más grave peligro para nuestras comunidades, delincuentes peligrosos y riesgos para la seguridad nacional, Trump está echando por la borda toda idea de “prioridades de deportación”.

El de Trump es un plan de acción para poner en práctica su campaña de promesas de deportación masiva, y establece una Fuerza de Deportación para llevarlas a cabo. Está claro que las órdenes ejecutivas fueron elaboradas por los fanáticos antiinmigrantes más extremistas de la órbita de Trump.

Sin duda, Trump está tratando de encubrir su Orden Ejecutiva en la parafernalia superficial de una política encaminada a deportar “delincuentes”. Pero eso era lo que hacían las políticas de Obama. El lenguaje técnico de la Orden de Trump va mucho más allá de toda definición de sentido común en torno a lo que es un delincuente peligroso.

Como era de esperar, Trump está mintiendo.

El alcance de esta política no es de extrañar, dada la inclinación de Trump a sus excesivas generalizaciones y mentiras. Todos recordamos que empezó su campaña asegurando falsamente que “la mayoría” de los mexicanos son “delincuentes y violadores”. Está llenando su gobierno con algunos de los peores extremistas antiinmigrantes, como el senador Jeff Sessions, nacionalistas blancos y otros miembros en su equipo que el Southern Poverty Law Center calificó de grupos de odio.

También es ampliamente sabido que Trump no presta atención a detalles de políticas públicas y se siente completamente cómodo al mentir en público, aun cuando sus afirmaciones pueden ser claramente refutadas. Recuerden esto cada vez que Trump asegure que su nueva política se enfoca en amenazas y en delincuentes. Si esas fueran realmente sus prioridades, respetaría el memorándum de deportación de Jeh Johnson.

Para quienes quieren entender el origen de esta política, permítanme explicarles. Con base en la Orden Ejecutiva de Trump hay cuatro prioridades básicas, pero considerándolas todas juntas echan por la borda toda idea de priorización.

La Orden Ejecutiva de Trump persigue a:

La gente condenada por cualquier delito, sin importar de qué delito se trate, cuándo ocurrió o las circunstancias de la condena;

La gente que simplemente ha violado la ley, sin acusaciones ni condenas de por medio;

La gente con órdenes administrativas finales de deportación, sin importar hace cuánto tiempo haya recibido la orden ni sus resultados positivos y contribuciones:

y

Cualquiera que la Fuerza de Deportación de Trump quiera priorizar.

La orden ejecutiva de Trump se centra en cualquier persona condenada de cualquier delito, independientemente de lo que haya sido, de cuándo haya ocurrido o de las circunstancias de la condena.

Esto coloca a las multas por estacionamiento en la misma categoría de un asesinato. Claro está, esta lógica desafía el sentido común, pero ahí está plasmado en blanco y negro.

Este lenguaje amplio está incuestionablemente dirigido a los inmigrantes indocumentados que por su situación migratoria han manejado sin licencia o han recibido una multa por un foco fundido. Una vez más las violaciones de tránsito se convertirán en ofensas que ameriten la deportación. Consideren el caso de una esposa indocumentada, madre de un niño ciudadano, que se enfrenta a la desgarradora elección de permitir que su hijo siga sufriendo por una fiebre o ir a la farmacia con una licencia expirada para obtener una medicina recetada.

Tampoco hay límites sobre cuándo ocurrió la condena o cuáles fueron las circunstancias. Un inmigrante de 58 años de edad puede convertirse en prioridad de la Fuerza de Deportación si fue condenado por posesión de un cigarrillo de marihuana, un delito menor, hace 30 años.

La Orden Ejecutiva de Trump se centra en inmigrantes que han sido acusados pero no condenados de un delito.

Trump también le pide a su Fuerza de Deportación ir tras las personas que ni siquiera han sido condenadas por un delito y que simplemente han sido acusadas de una ofensa. Fuera de la claramente injusta práctica de penalizar a alguien basándose en alegaciones no corroboradas, esta cláusula le concede a la policía el poder de transformar a cualquier inmigrante en una prioridad de la aplicación de leyes migratorias solamente acusándolo de alguna ofensa.

Como observa Danny Vinik, de POLITICO:

“Priorizar a individuos que han sido acusados de un delito pero aun no condenados, concede a las autoridades policiales estatales y locales mayores poderes en inmigración. Un agresivo departamento de policía local podría arrestar a inmigrantes indocumentados aunque no exista suficiente evidencia para encontrarlos culpables en los tribunales. Incluso antes de que sus casos se escuchen, inmediatamente se convertirían en una prioridad de deportación”.

Esto es un regalo para abusadores en serie en materia de derechos civiles como el exalguacil Joe Arpaio, cuya notoria carrera policial se caracterizó por aterrorizar vecindarios latinos y por evidenciar un total desdén al estado de derecho. Con base en el plan migratorio de Trump, todo lo que necesita un agente policial deshonesto es encontrar a un inmigrante que no le guste, acusarlo de un delito y convertirlo en objetivo de la Fuerza de Deportación de Trump.

El plan de Trump también podría beneficiar a los abusadores domésticos. Basta con imaginar el escenario que a diario se suscita en hogares estadounidenses: una inmigrante, residente permanente o indocumentada, es víctima de abuso de parte de su esposo ciudadano estadounidense que la amenaza con la deportación si llama a la policía.

El abuso físico y emocional continúan y una noche algún vecino llama a la policía tras escuchar los gritos de la mujer. Cuando la policía llega, el esposo, aprovechándose de que su esposa no habla inglés con fluidez y de que no está familiarizada con la cultura, miente a los agentes convenciéndoles de que fue su esposa quien lo atacó. Los agentes acusan a la esposa y según el plan migratorio de Trump, instantáneamente se convierte en una prioridad de deportación independientemente de que ella sea la víctima y de que debería ser una prioridad de protección y no de deportación.

La orden ejecutiva de Trump también se centra en inmigrantes que no han sido acusados o condenados de un delito.

Más aún, un inmigrante no tiene que haber sido acusado ni condenado por un delito para ser prioridad de deportación. La jerga legal del plan incluye a inmigrantes “que hayan cometido actos que constituyan una ofensa criminal por la que puedan ser acusados”.

Las implicaciones son impresionantes. Podría otorgarle a la Fuerza de Deportación de Trump la autoridad legal de centrarse en millones de inmigrantes que nunca han sido acusados de un delito pero que ingresaron a Estados Unidos sin inspección, o trabajaron o manejaron un vehículo sin autorización. Concede al DHS y a ICE poderes ilimitados combinando al Big Brother con la Thought Police, y es un escalofriante ejemplo de control gubernamental. Quien no haya violado alguna ley, cualquier ley, que tire la primera piedra.

La priorización de deportaciones se echaría por la borda.

La política migratoria de Trump amenaza a millones de inmigrantes, incluyendo a los DREAMers, que han vivido en este país por décadas simplemente por tener una vieja orden de deportación.

Existen muchas razones por las cuales los inmigrantes pueden tener una orden de deportación en su pasado. El no haber recibido una notificación para su audiencia en tribunales, por ejemplo, fue un problema notorio hace muchos años.

La orden ejecutiva de Trump no hace excepciones ni toma en consideración las razones por las cuales a estos inmigrantes podría permitírseles permanecer aquí, ni el tiempo que lleven viviendo en Estados Unidos, ni si están casados con un ciudadano estadounidense o tienen hijos ciudadanos, ni el contenido de su carácter ni las contribuciones que estén haciendo. La orden ejecutiva tampoco considera las situaciones con base en las cuales un inmigrante tiene derecho a que su orden de deportación puede ser revocada.

Finalmente, la orden ejecutiva de Trump incluye una cláusula de “deténganlos a todos”, que concede a los agentes migratorios de menor rango la autoridad discrecional de deportar básicamente a cualquiera.

La orden ejecutiva se sustenta en la premisa de Trump de que “muchos” de los 11 millones de inmigrantes sin documentos constituyen una “amenaza real a la seguridad  nacional y la seguridad pública”. Este lenguaje, combinado con una cláusula que concede a los agentes migratorios de menor rango el poder de deportar a cualquiera basándose en su singular criterio de que esa persona representa “un riesgo para la seguridad nacional y la seguridad pública”, es una clara señal de que el presidente Trump quiere que su Fuerza de Deportación se sienta con todo el poder de enfocarse en cualquier persona.

En resumen, la orden ejecutiva de Trump no está únicamente reescribiendo las prioridades de deportación de Jeh Johnson, sino que está desechando cualquier tipo de priorización.

Es un plan de acción para la deportación masiva. Nadie debe creer lo contrario.

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