Apatzingán, otro crimen de lesa humanidad

María Luisa Arredondo.
María Luisa Arredondo.

Las fotos, las grabaciones y los videos son escalofriantes, pero no dejan lugar a dudas. Muestran claramente el terror al que estuvieron sometidos el pasado 6 de enero decenas de civiles desarmados que hacían un plantón en el centro de Apatzingán cuando de manera intempestiva llegaron policías federales y abrieron fuego contra ellos. En las imágenes se ve a personas que corren por los portales del Palacio Municipal, mientras otras caen abatidas en las calles cuando tratan de huir en sus vehículos. Por lo menos 16 perdieron la vida y muchas más resultaron lesionadas.

Al otro día de la matanza, Alfredo Castillo, entonces al frente de la Comisión Federal de Seguridad en Michoacán, aseguró a la prensa que los hechos habían sido producto de “un fuego cruzado” entre los guardias rurales de ese estado y que el saldo había sido de un atropellado y ocho muertos.

Hoy, gracias a la investigación de la reportera Laura Castellanos, basada en fotografías, videos y  testimonios de 39 personas, sabemos que se trató de una de una infame mentira,  una vileza más del gobierno mexicano en contra del pueblo al que supuestamente debe proteger.

Como bien lo documenta el trabajo de Castellanos, difundido simultáneamente en Proceso, Univision y Aristegui Noticias, muchas de  las víctimas eran jóvenes menores de 20 años integrantes de la Fuerza Rural de Michoacán que habían ido a protestar con familiares y simpatizantes al Palacio Municipal porque Castillo los había despedido 20 días antes, no les había pagado y además sus comunidades estaban nuevamente bajo el ataque de los templarios. Pero ninguno de los manifestantes llevaba armas largas. Sólo seis tenían pistolas registradas y las pusieron en el suelo. Ninguno disparó.

Pocos días después de la masacre, Castillo, un hombre muy cercano al presidente Peña Nieto,  fue destituido. Pero no para ser investigado sino para premiarlo con la dirección de la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte, el cargo con el que siempre soñó.

Al igual que en Tlatlaya y en Iguala, los hechos ocurridos en Apatzingán nos confirman que el modus operandi del gobierno mexicano es enfrentar a quienes perciba como obstáculo o enemigo de cuidado por medio de las ejecuciones extrajudiciales y luego mentir: decir que los muertos fueron víctimas de un enfrentamiento con la policía federal o con el ejército o bien, como en este último caso, que cayeron abatidas por fuego amigo.

El mensaje del gobierno federal está por demás claro: nada de juicios o de averiguaciones en contra de quienes sean percibidos como un peligro por protestar. Simplemente se les eliminará.

 

 

 

 

 

 

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