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Duro revés para los indocumentados de LA

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13 de octubre, 2014

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Duro revés para los  indocumentados de LA
CARECEN ha sido una de las organizaciones que más ha luchado para evitar que el gobierno deporte a personas sin antecedentes penales graves. Foto: CARECEN.

CARECEN ha sido una de las organizaciones que más ha luchado para evitar que el gobierno deporte a personas sin antecedentes penales graves. Foto: CARECEN.

La supervisora Molina votó para aprobar la extensión del programa 287 (g)

Redacción de Latinocalifornia.com

LOS ÁNGELES.-  La comunidad inmigrante de Los Ángeles recibió un nuevo y duro revés. Se trata de la aprobación del programa 287 (g) que permite a los agentes del Sheriff llevar a cabo tareas migratorias en las cárceles para detectar a a quienes no tienen papeles y entregarlos a las autoridades de Inmigración para su deportación.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó extender ese programa hasta 2016. Lo que llama más la atención es que la supervisora de origen latino y demócrata, Gloria Molina, se unió a los republicanos Don Knabe y Michael Antonovich para votar a favor de ese programa que ha causado tanto sufrimiento a los inmigrantes porque divide a las familias.

Este programa ha sido fuertemente criticado por activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos porque,  lejos de  enfocarse sólo en los criminales más peligrosos, ha causado la deportación de miles de  personas que sólo han cometido  delitos menores como el manejar un vehículo sin licencia o vender mercancía en las calles sin los debidos permisos. Lo más grave es que muchas de estas personas son el sostén de su  familia y, al deportarlas, dejan desamparados a sus hijos.

“Estamos ofendidos porque [Gloria] Molina dice estar a favor de la comunidad inmigrante y lo que está haciendo es aprobar un programa que separa familias”, dijo durante la junta Adna Monroy, de la organización California Immigrant Youth Justice Alliance.

Incluso se esperaba que el condado cancelara este programa para prevenir demandas que ya han ocurrido en otros estados, razón del por qué 40 de las 75 agencias que anteriormente trabajaban con inmigración lo han eliminado. En California sólo los condados de Los Ángeles y Orange lo mantienen vigente.

Ahora lo único que hicieron fue modificarlo y emparejarlo con la ley Acta de la Confianza que entró en vigor en enero y prohíbe la deportación de personas que no hayan cometido delitos graves.

Molina votó a favor de extender el programa que permite a los agentes del Sheriff entregar a Inmigración a los indocumentados arrestados.

Molina votó a favor de extender el programa que permite a los agentes del Sheriff entregar a Inmigración a los indocumentados arrestados.

La supervisora Molina defendió su voto al subrayar que estaba segura que la comunidad latina no quería vivir en un vecindario lleno de personas que hayan cometido delitos violentos.

“Existe mucha falta de información sobre lo que hay en el nuevo acuerdo, ya que este es mucho mejor que el anterior porque ahora obedece al Acta de Confianza”, indica la supervisora.

“Cuando cometes un delito grave, tú haces la decisión”, agrega Molina, al subrayar que al final, quien decide meterse en problemas es el mismo inmigrante.

Virginia Kice, vocera del departamento Inmigración y Aduanas respaldó los comentarios de Molina al insistir en que el programa es sobre la seguridad pública y para identificar a criminales potencialmente peligrosos y para no dejarlos regresar a la comunidad.

Un estudio en el 2010 del Instituto de Pólizas Migratorias sobre el programa 287 (g), implementado en Los Ángeles, encontró que de los 2,874 peticiones potenciales para deportación, sólo una quinta parte, o sea 20 de cada 100 personas que fueron entregados a inmigración eran considerados peligrosos.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff, 6,987 personas fueron transferidas a inmigración para ser deportadas en el 2013; 9,433 individuos fueron transferidos en el 2012 y 9,707 fueron transferidos en el 2010.

La renovación del programa 287(g) comenzará en cuanto la junta cancele el acuerdo vigente, durará hasta junio del 2016 y estará alineado con la ley estatal conocida como  Acta de la Confianza, que permite que inmigrantes acusados o declarados culpables de delitos menores puedan salir libres bajo fianza o ser puestos en libertad al final de su condena.

Antes de la votación, el supervisor afroamericano Mark Ridley-Thomas propuso esperar a que llegara el nuevo sheriff en enero para ver que pensaba y tomar en cuenta su postura, pero los otros supervisores parecían llevar prisa y sólo Zev Yaroslavsky y Thomas se abstuvieron de votar.

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