México, la ley de la selva

María Luisa Arredondo.
María Luisa Arredondo.

México se dispone a conmemorar otro aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en un escenario sociopolítico que recuerda el caos, la incertidumbre y la violencia que caracterizaron aquel fatídico año.

Como en ese entonces, hoy el ambiente está enrarecido por la inconformidad estudiantil. El alumnado del Instituto Politécnico Nacional se ha declarado en paro por los cambios que las autoridades pretenden hacer al reglamento interno y al plan de estudios, entre ellos eliminar ciertas materias para rebajar su categoría de “ingenieros” a la de “técnicos superiores”. Los jóvenes, con sobrada razón, se quejan de que esto afectará seriamente la calidad de su educación y, al igual que en el 68, exigen un diálogo con las autoridades. Ojalá éstas hayan aprendido la lección de lo ocurrido hace 46 años y escuchen las voces juveniles para evitar que las protestas escalen y deriven en represión. Nadie en su sano juicio desea que se repitan los lamentables sucesos que desembocaron en la masacre de Tlatelolco.

Lo que más lastima a los mexicanos, tanto en ese entonces como ahora, es el clima de violencia y abuso a los derechos humanos que se respira por doquier.

Todavía no nos recuperamos de las graves denuncias contra un grupo de militares que, de acuerdo con las últimas evidencias, ejecutaron a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya, cuando ahora surge otro escándalo que resulta aún más abominable, el de Iguala. Aquí, el pasado 26 de septiembre policías municipales abrieron fuego contra estudiantes normalistas que viajaban en un autobús de pasajeros, así como contra miembros del equipo de futbol de tercera división “Los Avispones de Chilpancingo”. El saldo: 6 muertos, 17 heridos y 57 jóvenes desaparecidos, de los cuales se ha informado que en las últimas horas han reaparecido 20.

Como resultado del brutal ataque, 22 policías municipales están detenidos pero nadie se explica, hasta ahora, por qué ocurrió la matanza y quién dio la orden.

Las autoridades más altas, como de costumbre, brillan por su ausencia y sus declaraciones rayan en lo ridículo. El hasta hace unas horas alcalde de Iguala, José Luis Abarca, indicó que mientras ocurría el tiroteo él se encontraba en un baile y que se había enterado de la matanza por su secretario, cuando todo había terminado. Por fortuna, ha pedido licencia mientras se investiga su participación en los hechos.

Por su parte, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se limitó a condenar la agresión y a garantizar que se investigará lo ocurrido. Dijo que también que en las próximas horas se darán a conocer cambios drásticos en la entidad.

Nadie, sin embargo, cree ya que estas promesas vayan a cambiar el fondo de las cosas. Como muchos otros estados del país, Guerrero es, desde hace años, un paraíso del crimen organizado donde reina la impunidad y la gente de bien vive con temor y zozobra. Al asumir la presidencia hace ya casi dos años, Peña Nieto aseguró que su prioridad sería restablecer el estado de derecho y la tranquilidad de los mexicanos. Hasta ahora, vemos con profunda decepción que ha fracasado de manera estrepitosa y que, lejos de mejorar, la situación va de mal en peor. México está convertido en un país donde impera la ley de la selva.

**María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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