Bell: la culpabilidad de Spaccia, parte del camino a la justicia

Angela Spaccia podría recibir de 10 a 12 años de cárcel. Foto: abclocal.
Angela Spaccia podría recibir de 10 a 12 años de cárcel. Foto: abclocal.

 

María Luisa Arredondo/Latinocalifornia.com

La condena de culpabilidad contra Angela Spaccia, quien fuera asistente del exadministrador de Bell, Robert Rizzo, han traído cierto alivio a las autoridades y residentes de esta pequeña ciudad, pero las heridas están lejos de haber cicatrizado.

“Nos dio mucho gusto que la encontraran culpable, pero deberían darle 50 años de cárcel”, manifestó en las redes sociales Luis Valdivia, quien residió en Bell por muchos años. Tony Valenzuela, quien también vive en el área, opinó a su vez que lo importante sería que Spaccia y los demás acusados regresaran el dinero que robaron de las arcas públicas.

El concejal Ali Saleh fue más allá al indicar que la declaración de culpabilidad  contra Spaccia es solo un paso más en el largo camino que tiene por delante Bell para recuperarse. «Todos los días luchamos para reconstruir nuestro gobierno, recuperar la confianza de la gente y pagar los millones de dólares que robaron Spaccia y los cómplices de Rizzo”, señaló en un comunicado.

Spaccia fue declarada culpable el 9 de diciembre de 11 cargos relacionados con el escándalo de corrupción que estalló en esa pequeña ciudad del sureste angelino en 2010, entre ellos malversación de fondos, conflictos de interés y ocultamiento de documentos públicos.

De acuerdo con analistas legales, es probable que Spaccia reciba una sentencia de 10 a 12 años de cárcel, similar a la que se espera que obtenga su exjefe, Robert Rizzo. Éste no refutó las 69 acusaciones que pesaban contra él durante el juicio que se le siguió en octubre.

Durante el proceso contra Spaccia, su abogado defensor mantuvo que el autor intelectual de todo el esquema de corrupción fue Rizzo y que ella no sabía que los exorbitantes salarios que ganaban estaban fuera de la ley.

Sin embargo, la fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, Jackie Lacey dijo que estaba complacida con el veredicto de culpabilidad contra Spaccia, pues tanto ella como Rizzo y el resto de los concejales se aprovecharon de sus puestos públicos para defraudar a los ciudadanos de Bell.

“Eran ladrones disfrazados de servidores públicos”, subrayó Lacey.

El escándalo en Bell estalló en el verano de 2010, cuando se descubrió que Rizzo, Spaccia y los concejales de esa ciudad de clase trabajadora ganaban sueldos fuera de proporción y que para ello habían implementado impuestos ilegales a los residentes, se habían hecho préstamos ilegales y habían mentido sobre los ingresos y beneficios que obtenían.

Poco antes de ser destituidos, Rizzo ganaba $1.18 millones  anuales en salarios y beneficios; Spaccia $564 mil y el resto de los concejales alrededor de $100 mil.

La sentencia contra Spaccia y Rizzo será dictada el próximo 22 de enero.

Cinco de los miembros del Concejo, Óscar Hernández, Teresa Jacobo, Víctor Bello, George Cole y George Mirabal, enfrentarán un nuevo juicio por corrupción el próximo marzo. El proceso inicial que tuvieron fue declarado nulo. Un sexto acusado, Luis Artiga, fue el único absuelto.

Como resultado del escándalo de Bell, que acaparó titulares a nivel nacional, se han aprobado varios cambios legislativos en California destinados a evitar la corrupción de funcionarios. Uno de ellos es la creación de una agencia encargada específicamente de monitorear el manejo de recursos  públicos en las ciudades, condados y distritos locales. También se ha dictaminado que CalPERS, la agencia encargada del sistema de pensiones en el estado, vigile los incrementos salariales de los funcionarios para que no excedan los límites establecidos.

En Bell, parte de las reformas implementadas incluyen una nueva página en Internet donde están disponibles para el público todos los registros financieros de la ciudad, los contratos que se aprueban y los pagos que se hacen para los distintos servicios que se ofrecen.

Pero, como aseguran los expertos en política, todos estos cambios son solamente parte de la solución. Lo más importante para mantener bajo control a los funcionarios públicos es que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, en las reuniones públicas y que les pida cuentas.

Como sintetizó el residente angelino Ángel Lemus: “Debemos de aprender a no dejar a los lobos cuidando el gallinero”.

 

 

 

 

 

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