Bell, en compás de espera ante la justicia

Se desconoce aún cuál será el destino de los ocho acusados de Bell. Sólo Luis Artiga ha sido exonerado.

Redacción de Latinocalifornia.com

La comunidad de Bell sigue a la espera de la decisión final en el caso de cinco exfuncionarios acusados de fraude y apropiación ilegal de fondos públicos, cuyo juicio fue declarado nulo el mes pasado.  Hoy las dudas sobre el destino final de los implicados podrían despejarse pues se espera que la Procuraduría del condado de Los Ángeles anuncie si iniciará un nuevo juicio contra ellos o presentará  otra vez las acusaciones que quedaron pendientes.

De acuerdo con la portavoz de la Procuraduría, Jane Robinson, en caso de que no se prosiga con el juicio anterior, el juez a cargo del proceso dará a conocer la fecha en la que se iniciará el nuevo juicio.

Tanto para la ciudadanía como para las nuevas autoridades de Bell, es indispensable que el caso se resuelva cuanto antes para que la ciudad cierre este capítulo de corrupción y pueda seguir adelante.

“Hasta ahora no hemos visto que haya justicia. Parece que quienes están a cargo del juicio no tuvieron suficientes pruebas en contra de los acusados. Y todo esto es muy raro, pues todo el mundo supo del abuso tan grande que cometieron”, manifestó Raúl Hernández, residente de la ciudad desde hace 15 años.

Violeta Álvarez, la nueva alcadesa de Bell, precisó que es muy difícil para los funcionarios actuales de la ciudad convencer a los residentes  que ahora las cosas han cambiado si el proceso no es transparente. “Esperamos que se presenten todas las pruebas y que se haga justicia. Todo esto nos afecta porque muchas personas creen que nosotros tenemos que ver con lo que pasa en el juicio y no es así”, manifestó.

La ciudad de Bell saltó al primer plano noticioso en el verano de 2010 luego que un reportaje del diario L.A. Times sacó a la luz que los concejales de esa pequeña ciudad de clase trabajadora ganaban un promedio de cien mil dólares al mes y que el administrador, Robert Rizzo, tenía un salario superior a los 800 mil dólares y su asistente Angela Spaccia, ganaba más de 375 mil dólares.  Como resultado de ello, todos fueron destituidos y sometidos a juicio.

De los seis acusados inicialmente, solo uno, Luis Artiga, fue exonerado. El proceso contra los demás, el exalcalde Oscar Hernández y los exconcejales Teresa Jacobo, George Mirabal, George Cole y Victor Bello se declaró nulo por la imposibilidad del jurado de llegar a un acuerdo.

Tanto Rizzo como Spaccia serán enjuiciados en forma separada.

 

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