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El caso Dorner, lejos de haber terminado

María Luisa Arredondo

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15 de febrero, 2013

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El caso Dorner, lejos de haber terminado

María Luisa Arredondo.

Con la confirmación  de la muerte del exagente Christopher Dorner  en la cabaña de Big Bear donde se había atrincherado, parecería que ha quedado cerrado este caso que mantuvo en vilo a la policía y a los residentes del sur de California por espacio de diez días.

Con su muerte, Dorner -acusado de cuatro homicidios- ha dejado de ser una pesadilla para los agentes del orden y las familias a las que había amenazado. Se ha terminado también el temor de que, por un error, cualquier persona inocente perdiera la vida o resultara lastimada como ocurrió durante la búsqueda del expolicía por parte de las autoridades.

La muerte de Dorner, sin embargo, ha opacado seriamente la imagen del LAPD y ha levantado una ola de reclamos y cuestionamientos en torno a esta agencia, por lo que no se puede afirmar que el caso haya concluido.

Para empezar, quedó pendiente la promesa del jefe del LAPD, Charlie Beck, para reabrir el caso del exagente, quien había acusado a esa agencia de haberlo despedido injustificadamente por racismo en 2009. Con esta decisión, como él mismo lo aclaró, Beck no pretendía apaciguar a Dorner sino despejar cualquier duda o sospecha de vestigios de racismo dentro del LAPD.

Como es bien sabido, la discriminación y el racismo fueron prácticas que se mantuvieron profundamente arraigadas en esa corporación por años. Y aunque muchos analistas independientes, como la abogada en derechos humanos Connie Rice, aseguran que el actual LAPD está lejos de ser el que comandaba Daryl Gates en la década de los 8o y  principios de los 90, el hecho de que un exagente como Dorner haya emprendido una ofensiva de la magnitud en que lo hizo contra sus excompañeros, deja abierta la puerta a sospechas de que este tipo de prácticas persisten en algunos casos.

Hace años, con el fin de evitar suspicacias en torno a las acusaciones en contra de policías, el LAPD permitía el acceso del público a esos documentos. Hoy, sin embargo, ese acceso se ha cerrado y la consecuencias, como vemos, han sido desastrosas. Para volver a ganar la confianza de la opinión pública, el LAPD tendría que permitir nuevamente que esos registros fuesen públicos.

Más preocupante aún resulta la forma en que la policía actuó durante la búsqueda de Dorner. Es comprensible el estrés y el temor que invadió a todos los agentes al saber que estaban en la mira de uno de sus antiguos compañeros, fuertemente armado y entrenado para acciones militares. Pero lo que resulta inadmisible es que hayan caído presa del pánico y hayan dañado a personas inocentes.

El tiroteo en contra de Maggie Carranza, de 47 años, y su madre Emma Hernandez, de 71, mientras repartían periódicos en la madrugada debido a que los policías confundieron su camioneta Toyota azul con la Nissan gris en la que viajaba Dorner es totalmente injustificado e intolerable y, por lo tanto, requiere de una fuerte acción disciplinaria.

Quedan también muchas preguntas sobre la capacidad del LAPD y, en general, de las agencias del orden de California, para rastrear y capturar a un fugitivo. Hasta ahora, los informes oficiales son pocos, confusos e incluso contradictorios. Pero, por lo que sabemos, Dornan nunca se movió muy lejos, pemaneció escondido por días  en Big Bear, muy cerca de un puesto de comando policial. No obstante, las autoridades de San Bernardino, que supuestamente habían buscado ya puerta por  puerta en todas las cabañas del área, manejaban ya la teoría de que Dorner hubiese escapado a México.

Por último, las autoridades necesitan aclarar cómo cayó Dorner, dado que se han dado varias versiones de los hechos, que se prestan a especulaciones innecesarias.

El caso Dorner es, definitivamente, una oportunidad para que el LAPD y, en general, las agencias del orden en California analicen con seriedad sus procedimientos y estrategias. La ciudadanía merece una policía bien preparada que esté a la altura de este tipo de situaciones, no una institución desorganizada que actúe en contra de la seguridad pública.

 

 

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