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Liberan a oaxaqueña defensora de derechos humanos

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24 de febrero, 2012

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Liberan a oaxaqueña defensora de derechos humanos

 

Activistas indígenas de Oaxaca muestran su solidaridad a Lucila Bettina Cruz. Foto: EFE

México, D.F. (EFE).- La activista mexicana Lucila Bettina Cruz Velázquez, detenida esta semana en el sureño estado de Oaxaca, obtuvo la libertad bajo fianza, informaron organizaciones civiles, al tiempo que pidieron garantías a su seguridad y su exoneración de todo delito.

En un comunicado, cuatro agrupaciones señalaron que Cruz Velázquez salió en los primeros minutos del viernes del Reclusorio Regional de Tehuantepec, donde había sido internada por presuntos delitos contra la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad.

Las ONGs pidieron a las autoridades mexicanas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que garanticen “el derecho al debido proceso de la activista” y su seguridad e integridad física.

Asimismo, demandaron que la cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio sea “exonerada de todo delito” y que “su nombre quede libre de toda sospecha”.

Recordaron que Cruz Velázquez goza desde el 14 de noviembre de 2011 de medidas cautelares de protección emitidas por la defensoría del pueblo de Oaxaca.

Según la nota, las medidas fueron emitidas después de que el 28 de octubre pasado la activista y miembros del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, que construye la firma Desarrollos Eólicos de México, subsidiaria de la española Renovalia Energy, fueran atacados por “caciques golpeadores” y policías municipales.

La fiscalía confirmó la liberación bajo fianza, un día después de que informara de la detención de la activista en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 12 de septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dicha denuncia derivó de los hechos registrados el 13 de abril pasado, “cuando un grupo de personas presuntamente encabezadas por la inculpada tomaron las oficinas de la paraestatal (CFE) en Juchitán, Oaxaca” e impidieron “el acceso y salida del personal de la institución”.

Asimismo, la acusada “incitó a los manifestantes y al público en general a no pagar el servicio de energía eléctrica”, de acuerdo con la fiscalía.

La organización Amnistía Internacional (AI) había expresado su preocupación ante la posibilidad de que los cargos contra Cruz Velázquez hubieran sido “fabricados para evitar que pueda continuar su trabajo como defensora de derechos humanos” y de que enfrente “un proceso judicial injusto”.

Además, recordó que la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec “ha llevado a cabo acciones de protesta contra la construcción de granjas eólicas en tierras pertenecientes a pueblos indígenas”.

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