Pareja lesbiana apelará la deportación de una de ellas en base a las nuevas reglas migratorias

Denver.- Una pareja de lesbianas hispanas pedirá esta semana en una audiencia final de inmigración en Denver que se cancele la orden de deportación de una de ellas en base a las nuevas reglas de inmigración anunciadas el jueves por el Gobierno federal.

En declaraciones a los medios en Denver, el abogado Lavi Soloway consideró que la decisión del Gobierno federal de revisar y postergar la deportación de personas sin antecedentes criminales es «una muy buena noticia para las parejas lesbianas y homosexuales que enfrentan deportación, porque ahora se las reconoce como familias».

«Hoy es un muy buen día para esas parejas», sostuvo Soloway, que representa a Sujey Hernández, nacida en México, y a Violeta Pando, nacida en Colorado.

Hernández y Pando se casaron en Iowa el 15 de noviembre del 2010, ya que en Colorado las parejas de personas del mismo sexo no son reconocidas como matrimonios.

Hernández huyó de México a Estados Unidos para escapar el abandono y los abusos y malos tratos que sufrió por parte de su familia en su país natal cuando reveló su orientación sexual en su adolescencia, explicó Julien Ross, director ejecutivo de la Coalición de Colorado para los Derechos de los Inmigrantes (CIRC).

CIRC y One Colorado, una organización local que impulsa el respeto a los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales, están ayudando a que «esta pareja binacional lesbiana puedan continuar junta», dijo Ross.

Según la información provista por One Colorado, Hernández y su familia llegaron a Estados Unidos cuando ella tenía 16 años. En el 2006, Hernández conoció a Pando y poco después comenzaron a vivir juntas.

Desde el inicio de la relación, según la misma fuente, Pando inició los trámites para que Hernández pudiese permanecer legalmente en EE.UU. Pero la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) no reconoce los matrimonios de personas del mismo sexo como válido en materia migratoria.

Pando, por lo tanto, no pudo pedir a Hernández como su esposa.

Luego, en 2008, Hernández fue detenida por una infracción de tránsito. Tras comprobarse su estatus irregular, Hernández quedó detenida y pasó tres meses en el centro de detención de inmigrantes en Aurora (al este de Denver).

Desde entonces, la pareja ha gastado 20.000 dólares en procedimientos legales y cortes de inmigración, tanto para que se reconozca la validez de su matrimonio como para que Hernández no sea deportada, revela la información distribuida por One Colorado.

«Ninguna pareja comprometida con su matrimonio debería ser separada por las leyes del país», declaró Brad Clark, director ejecutivo de One Colorado.

Debido a que Pando no puede pedir a Hernández como esposa, la petición inicial para evitar la deportación de la mujer mexicana se basó en que se le debería otorgar asilo a Hernández por las traumáticas experiencias que sufrió en su país debido a su orientación sexual y por el temor que siente de regresar a México.

El pedido de asilo indica que el regreso de Hernández a México la obligaría «a revivir incidentes traumáticos de abuso físico y sexual», incluyendo reiteradas violaciones por parte de un miembro de la familia, perpetradas cuando Hernández, entonces de 16 años, había quedado separada de su madre, quien ya estaba en EE.UU.

El abogado Soloway reconoció que no existen garantías de que se otorgue el asilo.

«La solución verdadera sería reconocer el matrimonio entre Hernández y su pareja, y darles los mismos derechos que reciben todas las otras parejas casadas bajo la ley de inmigración», opinó Ross.

Según One Colorado, en este estado residen 13.000 parejas del mismo sexo, un aumento del 648 por ciento desde 1990.

 

Historia publicada en la agencia de noticias EFE

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