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Le toca jugar al presidente

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28 de julio, 2011

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WASHINGTON – “La pelota está en la cancha del presidente”, dijo la estudiante indocumentada María Marroquín

Maribel Hastings.

reaccionando a la carta que enviaron 22 senadores demócratas al presidente Barack Obama solicitándole, entre otras cosas, que considere la acción diferida o suspensión de deportación para todos los jóvenes indocumentados que serían elegibles para el DREAM Act si el proyecto se promulgara.

Su historia es común a la de cientos de miles como ella. Fue traída de niña a Estados Unidos, en su caso cuando tenía 13 años de edad. Ahora tiene 23. Se recibió en diciembre de un colegio comunitario en Philadelphia con un grado asociado que le costó cinco años completar, pagándose los estudios de su propio bolsillo y pagando tres veces la matrícula que paga un residente. Se graduó con un promedio de 3.98. No puede ejercer su profesión porque no tiene documentos. Vive con el diario temor de ser detenida y eventualmente deportada.

Más bien, ya fue detenida junto a un grupo de estudiantes que protestaba en Georgia en días atrás. Estando detenido, el grupo recibió una visita de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero no se ha iniciado un proceso de deportación en su contra, hasta ahora.

María cifró sus esperanzas en que el Congreso aprobara y el presidente promulgara el proyecto DREAM Act, que habría legalizado a unos 700 mil jóvenes indocumentados que completen estudios universitarios o se inscriban en las Fuerzas Armadas y cumplan con una serie de estrictos requisitos.

Pero el proyecto fracasó en diciembre y llegó enero con un Congreso aún menos favorable a legislaciones de alivio migratorio: una Cámara Baja de mayoría republicana que ha dejado más que claro que ni siquiera medidas de menor alcance, como el DREAM Act, están en su radar, y una mayoría demócrata mermada en un Senado donde ni siquiera la mayoría demócrata de diciembre garantizó el avance del DREAM Act.

La única constante, para bien o para mal, sigue siendo el presidente Obama, quien reitera que estos jóvenes no deberían ser deportados aunque sigan recibiendo órdenes de deportación.

De ahí que jóvenes como María, grupos de presión y legisladores demócratas estén tocando las puertas de la Casa Blanca solicitando amparo administrativo en tanto se dan las condiciones para aprobar legislación.

Pero de momento, el presidente y su Administración se han mantenido firmes en su mensaje.

La asesora presidencial, Cecilia Muñoz, insiste en que el presidente no puede pasar por alto las leyes establecidas y no aplicarlas a un amplio grupo de gente, como los llamados Soñadores. Se puede mejorar el proceso actual, dice, de conceder acción diferida caso por caso logrando que el proceso sea más efectivo y uniforme.

Pero la Administración habla como si se le estuviera solicitando algo novedoso e impensable, cuando en realidad hay herramientas administrativas a disposición del Mandatario que pueden aplicarse a mayor escala y no sólo caso por caso.

Si ese no fuera el caso, no habrían 22 senadores de su propio Partido Demócrata pidiéndole que precisamente use su autoridad ejecutiva y considere la acción diferida para todos los jóvenes que se beneficiarían del DREAM Act. Una herramienta que si bien protege de la deportación y puede suponer un permiso de trabajo, no provee un estatus legal sólido y puede ser revocado en cualquier momento.

O la opción no se habría mencionado en un memorando interno de ICE el año pasado.

O no habrían expertos en ley migratoria explicando las opciones administrativas disponibles al Mandatario.

Marshall Fitz, director de política migratoria para el Center for American Progress (CAP), declaró en teleconferencia que “las acciones solicitadas por los senadores figuran totalmente dentro de la muy bien establecida autoridad presidencial”.

“En su carta, los senadores no estaban proponiendo una novedosa estrategia legal. Lo que solicitaron es que la Administración ejerza la autoridad que al presente tiene, para proveer alivio discrecional a individuos que habrían sido elegibles para el DREAM Act”, declaró Fitz.

Está firmemente establecido y francamente es indiscutible, agregó, que la Administración tiene dicha discreción no sólo para casos individuales sino para clases o grupos.

“No se ha aplicado a gran escala, pero la autoridad definitivamente existe”, afirmó Fitz.

Lo novedoso sería que la Administración dijera la verdad: que no hay voluntad para tomar una decisión de este tipo por el riesgo político que supone. Entonces sí que la extrema derecha acusaría a Obama de ser un dictador y de ignorar al Congreso para conceder “amnistías”. Por aplacar a quienes no lo apoyarán de ningún modo, ignora las peticiones de quienes ya lo han apoyado.

Con todo, María Marroquín dice que “espero liderazgo del presidente”.

La pelota está en la cancha de Obama, reiteró, pero ¿jugará el presidente?

Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de America’s Voice

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