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Bell o la cueva de Alí Babá

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28 de julio, 2011

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El escándalo de corrupción en Bell parece no tener fin.

María Luisa Arredondo.

Primero fue la apertura de una investigación sobre un posible fraude electoral tras las denuncias de algunos residentes en el sentido de que representantes de la ciudad los habían forzado a llenar de cierta forma votos por correo, lo que constituiría una violación a las leyes estatales.

Después vino el descubrimiento de que varios funcionarios de la ciudad cobraban sueldos estratosféricos, hecho que los obligó a renunciar en medio de la indignación generalizada de los residentes. El ex administrador Robert Rizzo ganaba casi 1.5 millones de dólares en salarios y beneficios, el ex jefe de la policía 457 mil dólares y otros cinco empleados más de 350 mil dólares.

El enfurecimiento de la opinión pública creció aún más al darse a conocer que la autoridades de la ciudad, habitada en su mayoría por gente de clase trabajadora, aumentaron de manera ilegal los impuestos a las propiedades e impusieron un “impuesto de retiro” para cubrir los crecientes costos de pensión para sus empleados. No conformes con ello, redujeron el número de policías y cortaron otros importantes servicios públicos.

El tema de la corrupción no se agotó aquí. Ahora se ha revelado que la ciudad le prestó casi 900 mil dólares a Rizzo y a otros empleados de la ciudad, entre ellos a la ex subadministradora Angela Spaccia y a los concejales Oscar Hernández y Luis Artiga.

En suma, la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones.

Lo que uno se pregunta es ¿cómo fue posible que todas estas irregularidades y robos se cometieran por tanto tiempo sin que ninguna autoridad les hubiese puesto un alto?

La respuesta más obvia parece apuntar al hecho de que el grupo de mafiosos que estaba al frente de la ciudad aprovechó que la mayoría de los residentes son inmigrantes latinos que no votan y no les exigen cuentas a sus representantes. En 2005, por ejemplo, de los 40 mil habitantes que tiene Bell, sólo 400 votaron en una elección especial que se llevó a cabo para aumentar los sueldos de los concejales.

Esto quiere decir que si los vecinos no se involucran directamente en los asuntos de su comunidad nadie vigilará a sus representantes ni velará por sus derechos. El escándalo de corrupción en Bell estalló hasta que un grupo de residentes decidió denunciarlo ante la prensa.

Ahora que el escándalo ha trascendido y que tanto la fiscalía del condado de Los Ángeles como el procurador estatal Jerry Brown han tomado cartas en el asunto, lo menos que se puede esperar es que investiguen a fondo el asunto y le den su merecido a todos los inculpados. No basta con que renuncien. Deben regresar a los contribuyentes el dinero que tomaron ilegalmente y ser enjuiciados con todo el peso de la ley.

Dentro de todo este caos, lo único positivo es que finalmente una gran mayoría de los habitantes de Bell ha despertado. A diferencia de lo que ocurría antes del escándalo, ahora a las reuniones del Concejo de la ciudad acuden cientos de residentes que han aprendido que solamente a través de la participación política podrán evitar que funcionarios corruptos hagan negocios turbios a sus expensas.

María Luisa Arredondo es directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

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